La Junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) dejó sin efecto la resolución en la que se declaraba la reserva de información de la institución por un período de siete años.
El lunes pasado, EPQ publicó en el Diario Oficial el acta 47-2020 en la que disponen declarar como “reservada”de información porque supuestamente su liberación podría amenazar la seguridad del comercio marítimo internacional o causar daños o perjuicios al interés público.
La entidad pretendía declarar la reserva de los datos de la Gerencia de Seguridad Integral, el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP), la evaluación de Protección de Instalaciones Portuarias (EPIP), informes de auditorías externas del Código de Protección a buques e instalaciones portuarias.
Así como la información de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria que incluye todos los estudios de preinversión, recepcionados y los que estén en proceso de elaboración, todos los planos solicitados en formato DWG, sin fundamento legal.
La organización Acción Ciudadana, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y abogados constitucionalistas rechazaron el acta 47-2020 por considerar que atentaba contra el derecho de la población de tener acceso a información de instituciones pública.