El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó este miércoles los resultados de la edición especial del Informe de Competitividad Global 2020.
Debido a la situación de la pandemia por COVID-19, para esta edición no existe una clasificación de los países y no se tomaron en cuenta rankings para la evaluación. Esta edición especial describe las prioridades para la recuperación y evalúa las características que ayudaron a los países a ser más eficaces en la gestión de la pandemia y proporciona un análisis de los países que están mejor preparados para una transformación económica hacia sistemas que combinen objetivos de “productividad”, “personas” y el “planeta”.
“A través del Informe de Competitividad Global FUNDESA ha generado recomendaciones puntuales a las autoridades guatemaltecas para generar políticas públicas que ayuden a mejorar la productividad, el nivel de vida de las personas y la sostenibilidad de los recursos naturales a largo plazo”, comentó Juan Carlos Paiz, Presidente de Fundesa.
El director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, agregó, en el comunicado que, las prioridades para Guatemala siguen siendo muy similares que, en años anteriores, nuestro país debe hacer un mayor esfuerzo para generar mejores condiciones para invertir en infraestructura, capital humano, seguridad y políticas públicas que permitan mayor flexibilidad laboral.
El informe muestra cómo países similares a Guatemala están haciendo cambios estructurales que les permitan acelerar su nivel de productividad, transformando procesos e integrando soluciones dinámicas a los problemas de ejecución de los fondos públicos.
Agenda
De acuerdo con Fundesa, entre las leyes que se necesitan para mejorar la competitividad del país se encuentran la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la reforma a la Ley de Servicio Civil, además de las iniciativas de la agenda económica, pendientes de aprobación en el Congreso de la República, como la Ley General de Infraestructura Vial, la ley antitrámites, ley de Insolvencias y la reglamentación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo para facilitar la implementación del trabajo a tiempo parcial.