Es un edificio viejo y ruinoso. Pertenece a la Justicia Previsional, adonde van los jubilados pobres para que los jueces le ordenen al gobierno que actualice sus salarios. Los jueces les dan la razón, pero el gobierno apela una y otra vez hasta que los expedientes llegan a la Corte Suprema . La Corte resuelve solo unos 40.000 casos de jubilados por año. Sus pasillos están saturados de esos expedientes. No hay lugar donde ponerlos. Cada tanto, aquel edificio desvencijado es clausurado por unos días para vaciarlo de papeles porque corre el riesgo de derrumbarse. Son las trampas de la burocracia que acechan a los comunes mortales, menos a Cristina Kirchner. Un juez parcial y sumiso, Ezequiel Pérez Nami, resolvió que la vicepresidenta cobrará dos jubilaciones de expresidente, la de ella y la de su marido, y un retroactivo de unos 100 millones de pesos. Nadie apelará. Los únicos que pueden hacerlo son funcionarios del Estado que le responden a ella con disciplina prusiana: la jefa de la Anses, Fernanda Raverta, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el mayor ideólogo de la izquierda cristinista y el creador intelectual de La Cámpora . Cristina, siempre verbalmente solidaria con los pobres, cobrará esas prebendas ilegales. Es plata de los jubilados, otra vez despojados. Alberto Fernández, jefe del Estado, calla. Y otorga.