La práctica cada vez más común de amenazar con demandas, o hasta iniciar pleitos frívolos para intimidar o acosar a medios de comunicación y a periodistas con el objetivo de impedir la publicación de información sensible para altos funcionarios gubernamentales o figuras públicas puede ser minimizada si se legislan cortapisas legales como lo ha hecho cerca de la mitad de las jurisdicciones estadounidenses.