Miguel Ángel Paz: Justicia Inficcionada

     El año 1989, la fracción parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el extinto Congreso Nacional, propició internamente la creación de una Comisión de defensa de los Derechos Humanos, integrada por los Diputados Walter Márquez, Luis Hómez, Enrique Ochoa Antich y Miguel Ángel Paz, así como la Senadora Lolita Aniyar de Castro. Allí fueron incorporados como equipo técnico: Arturo Tremont, Tarek William Saab y Omar Meza Ramírez.

       Fue creada ante los innumerables casos de denuncias formuladas por la desbordada arbitrariedad que venían cometiendo los cuerpos de seguridad pública.

      Esa Comisión actuó en toda la jurisdicción nacional, convirtiéndose en punto de referencia por la disposición de sus miembros acompañados de resultados positivos.

     Fuimos concentrándonos, avanzando más allá de las tropelías, desmanes y atropellos por los distintos procedimientos policiales, que fueron combinados con denuncias recibidas por algunas decisiones desacertadas en materia penal en los tribunales respectivos.

     En ese complejo y difícil mundo, actuamos en muchos casos, algunos emblemáticos, denunciando dando seguimiento, exigiendo respuestas ante el organismo fiscalizador, disciplinario jurisdiccional: El Consejo de la Judicatura, que siempre actuó, ofreciendo respuestas oportunas, algunas consideradas improcedentes, otras con suspensión de cargos o destituciones. Obviamente algunas pudieron ser sesgadas, ya que la composición del cuerpo correspondían a cuotas de poder político de los partidos que entonces se alternaban. Lo importante es que siempre obtuvimos respuestas oportunas, pudiendo apelar ante la antigua Corte Suprema de Justicia, con respuestas convincentes, apegadas a Derecho.

 Independientemente de nuestras consideraciones críticas, ambos organismos estaban integrados por funcionarios con credenciales de reconocida solvencia tanto académica como la comprobada trayectoria en el universo judicial.

     Recordemos que para la asignación de sus miembros, corresponde constitucionalmente al Parlamento Nacional, la cual se hacia bajo una rigurosa revisión a través de un baremo exigente, para garantizar la más justa y adecuada designación.

      Sin embargo en la última década del siglo pasado, por decisiones que habían tenido incidencia pública, los tribunales penales se fueron convirtiendo en fuente de escándalos, hasta el  punto que el amigo periodista, William Ojeda, publicó un polémico libro:”¿Cuanto vale un juez?. Obra objeto de una diatriba en el universo judicial, objeto de persecuciones y amenazas al autor,  al poner al descubierto las perversiones, aberraciones, adefesios en las decisiones judiciales que ponían en tela de juicio la actuación de jueces por el interés crematístico. (Hoy más que nunca tiene vigencia el título del libro de Ojeda).

      Con la llegada del siglo, luego de los sucesos del 11 de abril del 2002, la intervención política apuntó directamente al nuevo Tribunal de Justicia, cuya conformación se fue transformando con la composición de miembros exclusivos del unicolor partidista.

     Dosificadamente, para la selección de jueces, fue desapareciendo el método del concurso de conocimiento, avalado con credenciales. En la medida que se registraban vacantes de titulares, fueron desplazados por provisorios, en su mayoría sin cualidades ni credenciales, dando rienda suelta a la desustanciación judicial. Desapareció la Escuela de la Magistratura.

Este sistema de selección se hizo extensible para la designación de Fiscales del Ministerio Público.

     La acentuación del descaro surgió a partir de diciembre de 2015, cuando una mayoría transitoria de la Asamblea Nacional, fuera de los lapsos de rigor, entre gallos y medianoche, procedió a seleccionar en una sesión precipitada, a miembros del TSJ en sustitución de quienes tenían períodos vencidos, incluida la titular de la Presidencia. El único requisito era la fidelidad a los intereses del “proceso”. Fue tal el descaro que algunos miembros de aquella moribunda Asamblea Nacional, fueron designados como sustitutos.

     Ello fue el desbordamiento del deslave con decisiones pervertidas con vergüenza, desapareciendo la artificiosa ficción de la supuesta aplicación de justicia, abriendo cauces a los juicios amañados, parcializados, con tarifas dolarizadas en efectivo en forma expedita. La fuerza del dólar se impulsó sobre el imperio de la ley y la justicia. Se terminaron los edificantes litigios, la hermenéutica, lógica, ontología, axiología, ética, legitimidad, doctrinas, jurisprudencias, sensatez, en fin todo el contenido filosófico del maravilloso mundo de las Ciencias del Derecho.

     Otro hecho insólito grave es que los jueces al no tener titularidad, son despojados de su autonomía, dependen del visto bueno de los Presidentes de Circuitos Penales en el que están adscritos -aquel sólo tiene atribuciones administrativas – invadiendo las que no le corresponden, este a su vez depende la Presidencia del TSJ.

     Los profesionales del Derecho en ejercicio quedan reducidos, neutralizados, mediatizados por mercaderes incluidos colegas, convertidos en gestores, muchos de ellos sin título académico, pero que tiene conexión con un juez o fiscal del caso que se ocupa.

 Recientemente es bueno señalar, un señalamiento público a través de las redes que hacia un reconocido jurista de mis mayores afectos, que indicaba el desbordamiento de los denominados “plan cayapa”, principio teórico sensato para descongestionar los centros de reclusión, aplicables a reos en tribunales de control y hasta de ejecución. Pues el reconocido profesional reclamaba valientemente que dentro el estiércolero han favorecido a un grueso número de imputados por delitos graves de alta cuantía carcelaria entre ellos traficantes masivos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, armas de guerra, homicidios entre algunos. Estos últimos recibieron el beneficio a cambio del pago de altas cantidades de dinero. Otros fueron atendidos por sus familiares en visitas domésticas por gestores o funcionarios para negociar montos y términos de la transacción.

     Otro hecho significativo es señalar que hay decisiones tramitadas en boletas de excarcelación que en muchas ocasiones son desatendidas por caprichos de chafarotes al mando de instituciones con mediano o alto poder, donde están recluidos los beneficiarios. Los jueces temerosos no imponen su autoridad conferida constitucionalmente, en este caso la orden de arresto al funcionario por desacato.

      Como colofón, debemos enunciar la crininalización política. No es ningún secreto que los tribunales se han convertido en apéndices, brazos ejecutores de privativas de libertad a lideres opositores o a disidentes del gobierno. Capítulo aparte merecen en análisis aparte, el comportamiento de los cuerpos de seguridad y fiscales del Ministerio Público, complementos de esta ignominiosa actuación judicial.

     Es hora de hacer cambios urgentes, una razzia necesaria en el poder judicial, como prioridad inmediata para estabilizar el país.

     Hoy como nunca debe recobrar la reconquista del Estado de Derecho, donde se imponga la libertad y la igualdad frente a la Ley, ideas patentadas por y para siempre por Rousseau en sus obras “El Contrato Social y “Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”  y la deslumbrante de Montesquieu;” El espíritu de las Leyes”. Lo que se traduce que es la Ciencia del Derecho, la que da conformación, regulando la relación de vida entre los humanos.