Que las universidades cuyo funcionamiento depende de los aportes que les otorga el estado están en condiciones sumamente precarias es un tema que frecuentemente aparece en los medios de opinión. No cabe duda que son advertencias animadas de buenas intenciones que nacen de una genuina preocupación por el futuro de la educación superior en nuestro país. Profesores aconsejan lo que nuestras universidades deberían hacer para ponerse a la par de otras en otras partes del mundo y otros advierten a la comunidad universitaria del peligro de perder la institución si no se trabaja para ella y llaman a rescatarla. También se afirma que es necesario elegir nuevas autoridades universitarias o se rechaza a la peregrina idea del gobierno de eliminar o no priorizar carreras en áreas que, según quienes tienen la responsabilidad de orientar la educación superior, no son necesarias para el país. No escapa en esos artículos la mención de los absurdos salarios que devenga el personal universitario, la emigración de profesores ni la violencia a que han estado sometidas las universidades a lo largo de más de veinte años, en el vano intento de vencer su oposición al régimen