Las muertes violentas de personas mayores están vinculadas a la responsabilidad del Estado porque su obligación, establecida en los diferentes acuerdos y convenciones internacionales, es proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir de las personas mayores. Sus responsabilidades van desde la garantía del derecho a la vida y a la integridad hasta el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos.