En las democracias occidentales, las instituciones políticas y sus diseños constitucionales han permitido el efectivo control civil sobre las fuerzas armadas, es decir, que el poder militar se subordine a la autoridad legítima, a las leyes y asuma un rol profesional al servicio del conjunto de la nación. Es más fácil describirlo que lograrlo, pero lo deseable es que las armas se silencien frente al derecho.