La Procuraduría General de la Nación (PGN) se opuso a la aprobación del convenio de colaboración eficaz acordado entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el acusado Edwin Alberto Hernández Roque, quien habría pagado sobornos al exministro de Energía y Minas Érick Archila Dehesa.
La audiencia programada en el Juzgado de Mayor Riesgo “E” fue suspendida debido a la inconformidad de la PGN. El procesado está dispuesto a resarcir al Estado por el daño causado con Q4 millones.
Según lo informado por el MP, el procesado acordó mejorar y reparar 10 centros de salud en Quiché, dotarlos de insumos y equipo médico. Además, debe entregar ambulancias y motocicletas que servirán para atender las emergencias en esa localidad.
A Hernández Roque se le vincula con el pago de comisiones ilícitas de la contratista Hidro Xacbal, S. A., para una entidad relacionada con Archila Dehesa. La jueza Eva Recinos reprogramó la diligencia para el próximo jueves. Allí se hará un nuevo intento por discutir el acuerdo.
La FECI argumenta que el exfuncionario pudo haber recibido comisiones ilícitas por Q75.7 millones. El presunto objetivo de esos sobornos era otorgar beneficios y adjudicaciones a las empresas que los pagaron.