El Gobierno ha dado luz verde, con múltiples condiciones, en el último Consejo de Ministros del curso a la oferta pública de adquisición (opa) que lanzó a principios de año el fondo autraliano IFM sobre el 22,69% de Naturgy. Una operación de 5.000 millones para entrar como uno de los mayores accionistas de la energética, aunque su éxito, pese al ‘ok’ del Ejecutivo, no está garantizado.
IFM ha reiterado en varias ocasiones que tiene vocación de permanencia en Naturgy. Una apuesta de futuro y no oportunista, han sostenido siempre, con el objetivo también de acompañar a la empresa en su crecimiento, que recientemente ha presenado su nuevo plan estratégico sin esperar al resultado de esta operación porque el negocio tiene que seguir su curso.
El reto ahora para el fondo australiano estará en ver hasta qué punto su opa logra tener éxito entre los accionistas, porque hasta la fecha no ha cosechado más que rechazo. La Caixa -a través del holding Criteria- es el primer dueño de la energética con casi ya un 26% del capital y con el objetivo de llegar hasta algo menos del 30%. Rioja y GIP cuentan con alrededor del 20% del capital cada uno y Sonatrach acumula un 3,8%. Pues bien, todos ellos han confirmado que no acudirán a la operación de asalto.
De esta manera, IFM ya cuenta con algo más del 70% del accionariado en contra, lo que reduce el margen para que el movimiento del fondo tenga éxito. Asimismo, tendrá que tener en cuenta las exigencias que le ha impuesto el Gobierno para el caso de que la opa salga adelante. No son pocas, pero sí esperables.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, ha sido la encargada de presentar el aval del Gobierno a la operación. Esta ha señalado que es una opa «singular» por tratarse de una empresa estratégica en un sector estratégico, con lo que el Ejecutivo busca garantizar para Naturgy que la llegada de IFM sea de estabilidad y no como operación oportunista.
En este sentido, el Ejecutivo ha establecido que, en los cinco años siguientes a la opa, IFM deberá apoyar los proyectos vinculados a la transición energética que generen valor y sean sostenibles que presente Naturgy; también impone que se mantenga la sede social y de dirección y gestión en España; que se garantice el mantenimiento de la plantilla en nuestro país; que se siga una política de dividendos prudente; que no apoye desinversiones distintas a las reflejadas en el plan estratégico, manteniendo el control de las filiales; y que no busque la exclusión de la compañía de la Bolsa.
Un cúmulo de restricciones a la actitud que puede tomar IFM para el caso de que entre en el accionariado de Naturgy, aunque en todo caso lo haría como segundo accionista ya que en primer lugar se situaría La Caixa, que ha hecho frente común estos meses con el actual consejo de administración (y su presidente Francisco Reynès) para garantizarse el control del grupo.