Hasta hace algunos años cuando se hablaba de asistencia humanitaria se pensaba primero en países como Haití, en nuestra región, y en la mayoría del continente africano. Pero hoy en día la primera realidad que salta a la vista, por su magnitud y complejidad, es Venezuela con su profunda crisis.
A propósito del día internacional de la Acción Humanitaria, este 19 de agosto, en Radio Fe y Alegría Noticias conversamos con Susana Rafalli, experta en esta materia y una de las personas más representativas en el país en estos asuntos.
Para empezar precisó que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela hay que mirarla desde dos puntos de vista. El primero tiene que ver con el sufrimiento y padecimiento de las personas por múltiples causas «en los ámbitos de salud, alimentación e integridad personal de la población en movimiento».
El segundo ángulo que expone para evaluar este ámbito en todo el territorio nacional es el alcance del trabajo de los activistas dentro del espacio humanitario venezolano.
Desde esta perspectiva, mencionó las 5 amenazas que atentan contra el servicio humanitario en el país.
La primera está referida a que «el cuerpo humanitario en el país sigue sin vacunarse y sin recibir una mirada ni del Estado ni de la cooperación internacional a quienes les implementamos los proyectos en el país, estamos completamente expuestos, contagiados, y hemos perdido gente en el camino».
La segunda amenaza tiene que ver con la crisis de combustible. Problema que Rafalli describe como «muy complejo, eso nos ha limitado mucho nuestra capacidad de movilización dentro del territorio, no podemos acceder a los lugares donde la gente está sufriendo».
Como tercer factor que se contrapone a la efectividad de la acción humanitaria es la pérdida de la capacidad de la moneda nacional. «El personal humanitario está manejando ahorita presupuestos en bolívares que se vuelven polvo en cuestión de semanas, estamos con mucha dificultad para realizar una acción humanitaria transparente y auditable para tener acceso a divisas en un mercado que no es legal».
Un cuarto elemento en contra es más alarmante. La reconocida activista lo denominó como la inseguridad. «Hemos tenido que negociar el acceso humanitario con grupos irregulares paraestatales que están en el control de territorios en zonas muy pobres y necesitadas del país».
Denunció que no cuentan con mecanismos de articulación para poder moverse con seguridad para proteger su integridad física y preservar la legalidad «de nuestro trabajo».
Finalmente, y como quinta amenaza, mencionó las crecientes trabas que está poniendo el Estado, a través de «más requisitos para permitirnos trabajar con legalidad, tenemos que pasar por una serie de trámites burocráticos en la oficina contra la delincuencia organizada y el terrorismo, eso nos limita mucho y nos hacen incurrir en procesos que van en contra de nuestros principios humanitarios».
Denunciar lo que está pasando
Pese a este panorama, Susana Rafalli alaba que aún el cuerpo y tejido humanitario se mantiene perseverante, con la intención de seguir con su misión de tenderle una mano a quien más necesite.
Si alertó que para que este trabajo tenga mucha más incidencia se debe, primero, «fortalecer nuestras capacidades como tejido, organizativo, de hacer planes de contingencia, de prever el agravamiento de las cosas en el tiempo, de usar la ayuda humanitaria de forma eficiente y de rendir cuentas adecuadamente».
También cuestionó que, aunque se han fortalecido esas capacidades de la acción humanitaria desde la llegada de la cooperación internacional desde el 2014, no se han orientado los esfuerzos «a eliminar el origen del daño. En eso la cooperación internacional no ha atendido la parte medular. Muchas veces argumentan que la acción humanitaria no es para eso, que es solo para salvar vidas y que el trabajo no es salvar la institucionalidad y las razones del sufrimiento de un país».
Por el contrario, Rafalli apuesta que en medio de este servicio hay que interpelar el modelo político imperante «y denunciar lo que está pasando».
Doce de cada 100 niños sufren de desnutrición aguda severa
Rafalli no se ahorró calificativos para describir que la situación se ha agudizado en los últimos tiempos, sobre todo en la dimensión sanitaria. «Allí la situación es más crítica, primero por el colapso de todos los servicios públicos, de los cuales depende tanto la salud».
En este sentido, reseñó la falta de acceso a agua segura para «servicios básicos, la escasez de gas para cocinar está limitando cada vez más la posibilidad que las personas tengan una vida digna y consistente con el bienestar».
A este cuadro le sumó «la situación del sistema sanitario nacional que no mejora a pesar de los alertas que hemos puesto por situaciones que vivimos desde hace 5-6 años, con hospitales desprovistos de insumos, de medicinas y de posibilidades de que las personas puedan salvarse».
Un diagnóstico que se complica aún más por el contexto de la pandemia donde «todavía tenemos un déficit de vacunación y la situación se complejiza mucho».
Pasando al ámbito de alimentación destacó que algunos indicadores han mejorado «da la apertura que ha tenido el Estado para movilizar los alimentos como rubro imprescindible».
Sin embargo, alertó que «eso se vuelve polvo porque el poder adquisitivo del venezolano está prácticamente pulverizado». Explicó que actualmente el acceso a los alimentos en el país depende, en gran parte, de las remesas que algunos familiares puedan enviar desde el exterior, «lo cual es sumamente costoso desde el punto de vista social y afectivo».
Pero encendió las alarmas cuando dijo que «entre 12 y 13 niños de cada 100, en una parroquia, tienen desnutrición aguda grave, lo cual satura los posibles servicios de atención y conducen a estos niños a sufrir enfermedades mucho más graves e incluso a morir».
Fuente: Radio Fe y Alegría
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