Para Garzón fue una pequeña reivindicación, pero para la izquierda que lo ha ensalzado ha sido una completa debacle porque ha revelado su proyecto totalitario. Un órgano politizado de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, ha dictaminado que Garzón fue inhabilitado en un proceso arbitrario, por lo que el Estado español debería ofrecerle una reparación. Las razones aducidas por la ONU son ridículas, una fantasmada jurídica con un nivel intelectual propio de Pérez Royo, el cual ha argumentado que si la Policía y la Fiscalía se ponen de acuerdo en solicitar algo a un juez, este debe darlo automáticamente por legal. En consecuencia, siguiendo el desvarío del articulista de eldiario.es, si la Policía, el fiscal y el juez se ponen de acuerdo en asesinar a alguien, no habría ningún problema, porque no estarían sino ejerciendo la voluntad general. Que en España los dos profesores de Derecho Constitucional más famosos sean Pérez Royo y Carmen Calvo es revelador del grado de ideologización y mediocridad de cierta universidad.