Por más de dos años, el gobierno de Puerto Rico eludió la entrega del plan de cumplimiento con los estándares de calidad de aire para dióxido de azufre y, si no lo somete en los próximos meses, se expone a sanciones que incluyen desde permisos de emisiones atmosféricas más restrictivos hasta pérdida de fondos federales para mejoras en carreteras, a menos que se llegue a un acuerdo consensuado.