Un aproximado de 26 personas desaparecieron al sur del estado Bolívar durante 2021 según la última actualización del monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
La mayoría de estas personas desaparecieron en las minas del municipio Sifontes (10). Las demás, en El Callao (4), Sucre (3), Cedeño (2), Angostura del Orinoco (1) y Gran Sabana (2).
La cifra es apenas el subregistro de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia desde que, en 2016, Nicolás Maduro puso en marcha la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada de la industria petrolera.
El AMO es un proyecto extractivista que procura la explotación de minerales en un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados y que supone el 12,2% del territorio nacional. Desde que inició el proyecto, se instalaron en la región numerosas plantas procesadoras de oro y empresas mixtas, y con estas, también arribaron los grupos armados irregulares.
La producción prospera porque se alimenta de la minería ilegal, controlada por bandas armadas y grupos guerrilleros extranjeros que mantienen el dominio a base de enfrentamientos, castigos ejemplarizantes, y redes de explotación laboral y sexual.
Mientras los grupos armados se disputan el control de las minas, al territorio llegan a diario mineros, comerciantes informales, indígenas y demás personas que, pese a la violencia, se desplazan desde otros estados del país u otros municipios de Bolívar en búsqueda de sustento para sobrellevar la crisis económica que derivó en el deterioro de las condiciones de vida de la población en el país.
El Estado venezolano poco investiga y sanciona el patrón violento. Apenas 27% de las personas que desaparecieron en 2021 han aparecido, ninguna por el accionar del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) sino por iniciativas de búsqueda independiente que emprenden familiares ante la desconfianza o falta de apoyo del Estado.
Este porcentaje de personas que aparecieron, reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse porque empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación o por falta de señal telefónica.
76% de las personas reportadas como desaparecidas no han vuelto a sus hogares. Cinco de estas provienen de los estados Apure, Mérida y Lara.
Desde otros estados la búsqueda es más cuesta arriba porque el Estado no cuenta con protocolo de búsqueda y, por lo tanto, familiares deben trasladarse hasta el estado Bolívar para emitir la denuncia. Muchos no cuentan con recursos para tal traslado.
“No la busques más”, fue el mensaje que recibió Martha González a través del Facebook de su hija, Carla Arellano, de 21 años. La muchacha está desaparecida desde septiembre de 2020 en el kilómetro 88, municipio Sifontes.