La empresa Texas Armoring Corporation (TAC), manufacturera de la guagua blindada que ordenó, en 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares para su transporte, tendrá que reembolsarle al gobierno de Puerto Rico la suma de $175,000, luego que ambas partes alcanzaran un acuerdo para poner fin a un litigio por el vehículo que nunca fue entregado.