Un grupo de “líderes cívicos, académicos y económicos de Venezuela, defensores de la democracia”, se dirigió al presidente Joe Biden y a otras autoridades del gobierno norteamericano, para –en el marco de un brevísimo diagnóstico de la situación nacional- hacerles un llamado “a seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”. En esas líneas instan “al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación”.
Una de las claves de la comunicación se encuentra en la evaluación que los firmantes realizan de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”, dice el documento. Aunque se admite que “las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de profundo deterioro”.