Las expectativas de algunos actores y sectores acerca de la designación del profesional que desempeñará el cargo de Fiscal fueron despejadas. Nos guste o no, la decisión del presidente es irreversible. Por supuesto que, como toda decisión política, a más de alguna persona o sector le molestó la confirmación de la doctora Consuelo Porras como Fiscal General (2022-2026). Quedan pendientes otros relevos en dependencias públicas —Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Procuraduría de los DD. HH., Contraloría General de la Nación, Rectoría de la Usac— de menor interés para la ciudadanía, pero que no por ello dejan de trascender mediáticamente y causar cierta desazón y malestar en los guatemaltecos, que se ven afectados en su libertad de locomoción por las manifestaciones de calle.
No es un secreto que los intereses del Gobierno de EE. UU. le mantienen en alerta acerca de los riesgos de ingobernabilidad e inestabilidad política de los Estados latinoamericanos —México, Centroamérica y Panamá— en su área de influencia. Sin embargo, las acciones que han tomado republicanos y demócratas históricamente sancionando a los gobiernos han impactado negativamente en la frágil democracia. Además, amplían el poder del crimen organizado, tal como lo expresó hace unos años el exembajador McFarland: “La reciente decisión del Gobierno estadounidense de retirar el apoyo a los países del Triángulo Norte indirectamente favorecería al crimen organizado, las pandillas y la corrupción” (elPeriódico, 21/14/2019).
Desde la independencia hasta nuestros días, el país ha vivido en constante supervivencia como Estado democrático, debido al sistema electoral vigente, calidad y competencia en la administración pública de los funcionarios electos; la cultura democrática de los guatemaltecos y el poder financiero de dos o tres partidos políticos que concentran un alto soporte financiero para pautar masivamente en los medios de comunicación, con lo cual anulan a los partidos menos favorecidos económicamente.
La poca credibilidad en el sistema electoral ha dado pie a sospechar de un posible fraude en las próximas elecciones (25/6/2023), en las cuales se estima la participación de 24 o más partidos, que serán convocados oficialmente el próximo año (en./2023).
A pesar de las dudas existentes en la pureza del proceso electoral, no se conoce de una campaña del Tribunal Supremo Electoral orientada a tranquilizar a los guatemaltecos.