Organizaciones de comunidades desplazadas y líderes de residenciales públicos en Puerto Rico exigieron hoy, viernes, la derogación de la Ley 22, al exponer que su vida, salud y familias están sufriendo el aumento del costo de viviendas en zonas como Puerta de Tierra, Santurce, Vieques, entre otras, mediante los beneficios contributivos que reciben los inversionistas extranjeros que llegan a la isla.