Desde sus inicios, el régimen comenzó a liquidar las tradiciones democráticas del país. Éstas, mal que bien, se convirtieron en una cultura de libertad de expresión y asociación, y denuncia e investigación, añadido el derecho al pataleo, en todos los ámbitos del quehacer social. Por dura o difícil que fuese la faena, añadido el peligro de ir preso, todo el mundo tenía el derecho de rezongar. Una pelea con la junta de condominio naturalmente que reflejaba la que podía sostenerse con el gobierno de turno. Nos quejábamos, coincidíamos con otros de los residentes quejumbrosos, presentábamos pruebas de los gastos excesivos para el mantenimiento del edificio, y –yendo más lejos– nos íbamos a los tribunales, o acudíamos a la jefatura civil más cercana para firmar una caución para no incurrir en otros insultos o golpes, y ¡ay, de quien tuviera una palanca para meter preso a un vecino!, porque el problema se agravaba para el que lo hizo.