La pandemia de COVID-19 no solo ha provocado efectos en la salud de la población, sino que además cientos de miles de guatemaltecos o se quedaron sin trabajo o agudizaron su situación económica desde el empleo informal (al menos el 70 por ciento de la población económicamente activa trabaja en ese sector).
A esta condición se agrega que la inflación ha cobrado caro a la mayoría de este país que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Se trata de un incremento desmedido de los precios a más de 400 productos de la canasta básica, sin que exista un control por parte de las autoridades de gobierno.
Esta falta de empleo y de oportunidades ha orillado a millones de guatemaltecos a promover actividades de emprendimiento de cualquier índole. Por donde se voltee a ver hay un emprendimiento, en cualquier parte del país, de los departamentos, los municipios y sus ciudades.
Este impetuoso y valeroso incremento de emprendimientos desde el sector informal y la actividad económica formal son apetecibles para las organizaciones criminales, que ven todo desde la lógica de obtención de dinero a través de acciones ilícitas y particularmente la extorsión.
Desde una pequeña tortillería, venta de verduras, tiendas de barrio, abarroterías, supermercados, cadenas comerciales, hasta centros comerciales, son ya víctimas de grupos de extorsiones. Y el transporte público de personas corre la misma suerte.
Este incremento de extorsiones empieza a registrarse en las fiscalías departamentales, distritales y especiales que conocen del tema. Sin embargo, no todas las actividades delictivas son denunciadas, pues aquellas que ocurren en los sectores populares y de alta presencia de pandilleros tienen una alta relación con los asesinatos y ejecuciones.
El incremento de esta actividad contrasta con la capacidad numérica de investigadores de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público (MP), que entre ambas instituciones no alcanzan ni los 4 mil agentes para conocer los más de 200 mil casos de denuncias penales que registra el sistema durante un año.
Este déficit debe ser observado por las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del propio MP, quienes deben de promover esfuerzos para destinar recursos y presupuesto al incremento de investigadores, logística, oficinas, métodos especiales de investigación e inteligencia policial y civil.
Es evidente que los presupuestos actuales del Mingob y del MP son insuficientes para promover más agentes y mejores métodos de investigación, incluso tecnológicos, por lo que se deben de coordinar esfuerzos de relacionamiento con el Congreso de la República para que desde ahí se tome cartas en el asunto.
Los distintos jefes de bloques parlamentarios pueden apoyar este esfuerzo, pues son los que al final pueden discutir, proponer iniciativas de ley y aprobar más y mejores recursos para destinarlos al combate a la criminalidad en general y a los grupos que extorsionan a millones de guatemaltecos y empresas que hacen su esfuerzo por mantener activa la economía de Guatemala.