Los jueces y tribunales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua dictan sentencias sobre hechos falsificados, violando los derechos humanos, suprimiendo premeditadamente el debido proceso, ordenando detenciones indebidas y condenando inocentes a numerosos años de cárcel para causar miedo en la población y someterla a los detentadores del poder. Estos “crímenes de lesa humanidad” contra inocentes en “situación de indefensión” no son el daño de una “justicia politizada” sino víctimas de la “dictadura judicializada”, en la que el seudo poder judicial es solo una rama de la represión y del “terrorismo de Estado”.