Al menos 32 empleados de la Municipalidad de Villa Canales interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por despido injustificado, ya que consideran que su destitución fue a causa de no apoyar un mitin de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y por denunciar irregularidades en la administración edil.
Las autoridades municipales enviaron una invitación a trabajadores municipales que consideran clave en el proceso de elecciones del próximo año para que la UNE gane en el municipio y proporcione un nicho de votos para el partido en los comicios presidenciales.
Entre el grupo de trabajadores a los que se les rescindió el contrato se encuentran el director administrativo, el de Desarrollo Social, de la Policía Municipal de Tránsito, de Recursos Humanos y la jefa de Asistencia Social.
Los empleados manifestaron que desde el año pasado comenzaron las represalias en contra de grupo de trabajadores que denunciaron mal manejo de los recursos del municipio, los cuales, meses más tarde, la Contraloría General de Cuentas (CGC) señaló como hallazgos y por los que impuso multas e interpuso denuncias penales.
Los trabajadores manifestaron que cuando llegó la CGC informaron sobre las irregularidades cometidas por la secretaria administrativa, Reyna Elizabeth Rodríguez Monterroso, quien se atribuía funciones para la autorización de compras y contrataciones.
Los auditores consideraron que había suficientes indicios para determinar que “la secretaria administrativa realiza funciones que corresponden al Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Desarrollo Social y Económico”.
Rodríguez, quien mantiene una relación filial con el alcalde Julio Marroquín, electo por la UNE, manifestó en un audio al que tuvo acceso elPeriódico que ella “hacía la firma” del alcalde en varios documentos, pero siempre le pedía autorización a Marroquín y que por eso él no la podía “meter presa”.
Esos señalamientos y denuncias comenzaron a crear conflicto entre los dirigentes municipales y varios trabajadores, pero, según comentaron los exempleados, la gota que derramó el vaso fue su incomparecencia en un mitin de la UNE en Villa Canales el pasado 28 de mayo.
Los afectados aseguran que al mitin asistió la excandidata presidencial Sandra Torres, y al ver que a la actividad llegaron alrededor de 250 personas, pidió acciones contra los que consideró habían saboteado la actividad; tres días después comenzaron los despidos del personal.
El 2 de junio, dos supervisores del Mintrab asistieron a verificar las destituciones que se dieron por medio de acuerdos municipales, pero no fueron atendidos por las autoridades ediles, por lo que las citaron para comparecer a una audiencia en la cartera de Trabajo el 8 de junio.
La municipalidad pagó aproximadamente Q4 millones en sueldos caídos a trabajadores que destituyó de forma injustificada y a quienes debió restituir tras un proceso de mediación.