En Nicaragua, el 19 de julio de 1979, hace 43 años, con el concurso del gobierno estadounidense de James Carter (1976-81), fue derrocada, después de un enfrentamiento armado interno, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, hijo del también autócrata Anastasio Somoza García, quien instauró la dinastía somocista desde 1937. Somoza Debayle gobernó Nicaragua de 1967 a 1979. En abril de 1980, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —miembro pleno de la Internacional Socialista hasta el 25 de enero de 2019— asumió el control absoluto del poder público. En 1985, Daniel Ortega Saavedra, líder del FSLN, se convirtió en gobernante de facto de Nicaragua; concluyó su mandato en 1990, a raíz de que Violeta Barrios, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, editor del diario ‘La Prensa’, ganó las primeras elecciones presidenciales libres en Nicaragua, organizadas gracias a la presión internacional sobre el régimen sandinista y en medio de la cruenta guerra civil de “los contras contra los compas”. Entre 1990 y 2007 gobernaron Nicaragua Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, quienes fueron electos libre y democráticamente.
En noviembre de 2006, Ortega, postulado por el FSLN, fue proclamado vencedor en las elecciones presidenciales para el periodo 2007-11, con un 38 por ciento de los votos, aprovechando la división entre los partidarios de la democracia institucional, así como la reducción del porcentaje del margen de votos para evitar una segunda vuelta electoral. En 2011, Ortega decidió postularse para la reelección, después de que la Corte Suprema, controlada por el FSLN, resolvió inaplicar a Ortega la prohibición constitucional de reelección. Luego, el Consejo Supremo Electoral (CSE), también controlado por el FSLN, declaró a Ortega vencedor de los comicios celebrados el 6 de noviembre de 2011, atribuyéndole el 62 por ciento de los sufragios, a pesar de que la oposición política denunció fraude electoral. En enero de 2014, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el FSLN, reformó la Constitución con miras a aceptar la reelección indefinida, lo que viabilizó la reelección y perpetuación de Ortega.
En 2015, el FSLN postuló a Ortega y su esposa, Rosario Murillo Zambrana, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, lo que se tradujo en el inicio de la dinastía orteguista, del mismo corte de la dinastía somocista. La pareja Ortega-Murillo fue declarada vencedora por el CSE, controlado por el FSLN, en los comicios celebrados el 6 de noviembre de 2016, aunque la oposición nuevamente denunció fraude. A partir del 18 de abril de 2018, a raíz de las protestas contra el régimen de los Ortega-Murillo, las fuerzas policiales y parapoliciales desataron una brutal e indiscriminada represión contra la población. El saldo trágico de esta canallesca agresión se estima en centenares de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, miles de heridos, cientos de presos políticos, decenas de miles de exiliados y varias iglesias vandalizadas.
En fin, los supuestos libertadores del pueblo nicaragüense en 1979 se convirtieron en sus más crueles opresores a partir de 2007, situación que fue degenerando hasta que, a partir del 18 de abril de 2018, la opresión se tornó asfixiante, insoportable y asesina. Durante los últimos meses, tanto opositores políticos como disidentes, encarcelados bajo condiciones infrahumanas, han sido condenados a duras penas de prisión, se han cancelado cientos de oenegés, ha sido hostigada y denigrada la prensa independiente, el régimen ha adquirido armamento de alto calibre, así como se han arrestado a clérigos y se ha expulsado a monjas misioneras, en medio de humillaciones y vejámenes.
Sin duda, la lección que se extrae de la tragedia nicaragüense es que, a pesar de que la población se deshizo del somocismo en 1979 y de la tiranía sandino-orteguista en 1990, la nación cayó de nuevo en las fauces de la oprobiosa dictadura en 2007, lo que se atribuye, en gran medida, a la inconsecuencia y corrupción del liderazgo democrático, así como a la corta memoria histórica, a la indiferencia y al conformismo ciudadano.