El nuevo impuesto a los ‘beneficios extraordinarios’ de las compañías energéticas y de la banca durante 2022 y 2023 anunciado por el Gobierno generaría una contracción del empleo del 0,4%, lo que se corresponde con una pérdida de casi 72.000 ocupados, según el informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Además, podría tener un impacto sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021. De ellos, aproximadamente 1.200 millones corresponderían al efecto más directo e inmediato, y el resto (casi 3.800 millones de euros) «tiene que ver con el efecto arrastre y la transmisión al conjunto de la economía a medio plazo de estas alzas impositivas selectivas, que, como se observa, es muy superior al del propio sector». Ambos impuestos suponen «una destrucción de riqueza muy superior a la presumible recaudación que generarán (incluso dando por buenos los datos de recaudación anunciados por el presidente del Gobierno, que estimamos exagerados, tal y como lo fueron, en su día, los derivados de la «tasa Tobin» y del impuesto sobre determinados servicios digitales). Esta destrucción de riqueza se ha visto reflejada en la reducción del valor en Bolsa de las sociedades que presuntamente se verán afectadas por ambos impuestos de alrededor de 9.000 millones de euros«. El informe del IEE subraya que el concepto de ‘beneficios extraordinarios’, con su connotación de beneficio «excesivo», es « claramente subjetivo y su determinación queda al albur del Gobierno sin que exista un elemento objetivo que lo sustente, así como subjetivo es el tipo impositivo, que todavía desconocemos, al que se intentan gravar«. Como nos muestra la experiencia comparada, «la introducción de este tipo de impuestos (que se ha realizado en contadas ocasiones) han demostrado ser ineficaces para reducir la inflación (por el contrario, han provocado aumentos de precios) e ineficientes desde el punto de vista económico, puesto que contribuyen a contraer la actividad , son perjudiciales para la inversión futura y, además, en el particular caso de las empresas del sector energético, comprometen la consecución de los objetivos energéticos y medioambientales que tienen tanto España como la Unión Europea«. MÁS INFORMACIÓN Montero ingresará la mitad de lo previsto con el impuesto energético En suma, este tipo de medidas «suponen un incremento del riesgo regulatorio percibido por el inversor, que en este tipo de sectores llega a ser un componente importante del riesgo total, lo que se refleja en un aumento de la prima de riesgo y del coste del capital de las empresas afectadas, lo que supondrá una mayor dificultad para acceder a fondos con los que financiar nuevos proyectos de inversión«.