Al final del primer año de gestión presidencial de Pedro Castillo, quien asumió como gobernante el 28 de julio de 2021, con el apoyo del evocorreísmo, los últimos sondeos de opinión (Ipsos Perú) indican que el 74 por ciento de la población reprueba el trabajo gubernativo de Castillo, y solamente el 20 por ciento lo aprueba. Asimismo, el 69 por ciento rechaza la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, frente a un 18 por ciento de respaldo. Por otro lado, el 79 por ciento de los consultados rechaza la labor del Congreso y solamente el 14 por ciento la respalda. Asimismo, el 65 por ciento de los peruanos exigen nuevas elecciones.
Sin duda, los resultados de las elecciones generales celebradas el año pasado no supusieron la luz al final del túnel de los entuertos políticos de Perú, que se iniciaron con la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-8) el 23 de marzo de 2018, como consecuencia de un escándalo de corrupción en torno al caso Odebrecht.
Cabe recordar que el entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra sucedió a Kuczynski y asumió como presidente el 23 de marzo de 2018; sin embargo, el 9 de noviembre de 2020, el Congreso de Perú declaró la “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra, en un juicio político abierto en su contra. La llamada “moción de vacancia” fue impulsada con base en acusaciones de corrupción en su contra.
La Constitución de Perú establece que ante el “impedimento temporal o permanente” del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso.
De esa cuenta, Manuel Merino, presidente del Congreso, juró como presidente de Perú. Sin embargo, la brutal represión contra protestas ciudadanas por el advenimiento de Merino, que redundó en la muerte de dos jóvenes, provocó que el presidente del Congreso, Luis Valdez, pidiera la renuncia a Merino.
Merino renunció y fue sucedido por Francisco Sagasti Hochhausler, quien había sido elegido previamente como presidente del Congreso y fungió como presidente en periodo comprendido del 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021, fecha en que asumió Castillo.
Castillo, que se vio obligado a renunciar de su partido Perú Libre, ya enfrentó una moción de vacancia, que no cuajó en el Congreso. Sin embargo, la Fiscalía de Perú ordenó abrir una investigación preliminar contra el presidente Castillo, un maestro de educación primaria, por el presunto delito de tráfico de influencias. Será citado a declarar el próximo jueves 4 de agosto. La Fiscalía investiga al gobernante por reuniones que realizó con empresarios peruanos, donde supuestamente se les otorgaron contratos de forma irregular y fueron favorecidos económicamente. Además, se acusa a Castillo de haber cometido irregularidades en ascensos de altos mandos militares.
De esa cuenta, pareciera que este desarrollo político se asimila a una “crónica de una muerte anunciada”, que, casualmente, es el título de una de las novelas del célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez.