La decisión de la Comisión Europea de ‘cerrar’ a la flota de arrastre y otras artes, como el palangre de fondo , 87 zonas de pesca en España, Portugal, Francia e Irlanda para proteger ecosistemas marinos vulnerables seguirá adelante después de las consultas con Reino Unido. Es decir, la decisión se adoptará a principios del mes de septiembre. Esta situación, aseguran desde la patronal pesquera Cepesca y su homóloga europea Europêche, abre la puerta a un futuro recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se estima que más de 800 embarcaciones españolas (España tiene una flota pesquera de 8.732 pesqueros) de flotas del Golfo de Cádiz, del Cantábrico Noroeste y de Gran Sol (las que pescan en aguas británicas) afectando a la pesca de la merluza, el besugo y la gamba, entre otros. Todo ello, a pesar de la reunión técnica celebrada ayer por videoconferencia entre la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea con representantes del sector pesquero europeo, así como con científicos del Consejo Internacional para la exploración del Mar (ICES, en sus siglas inglesas), ONG y representantes de los países afectados. En la misma, el sector pesquero europeo (especialmente la Alianza Europea de Pesca de Fondo, EBFA) así como los estados miembros interesados, especialmente España, coincidieron en criticar a la Comisión Europea por la interpretación que ha hecho de los informes científicos del ICES y haber optado por el escenario más restrictivo para la pesca. Noticia Relacionada estandar Si La pesca artesanal pide limitar el gasóleo marino a 70 céntimos el litro Carlos Manso Chicote El sector critica la bonificación de 0,20 euros del Gobierno y pide «un trato diferencial» «Estamos decepcionados», reconoce el secretario general de Cepesca y presidente de la patronal europea Europêche, Javier Garat, quien denuncia la «insensibilidad de Bruselas» . En este sentido, no descarta acudir a los tribunales una vez el ejecutivo comunitario aplique el reglamento sobre acceso a aguas profundas. Garat añade que el sector lleva 15 años comprometido con la protección de los fondos marinos. «No se critica el informe de los científicos del ICES, sí la interpretación que ha hecho la Comisión Europea escogiendo el escenario más perjudicial», denuncia el representante de Cepesca presente en la reunión. Además critican que no se haya pedido informes sobre el impacto socioeconómico. Tampoco está muy convencido sobre las ‘consultadas’ de la Comisión. Una opinión similar mantiene Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), que representa a 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos, quien apunta que se sienten «confusos, enfadados y frustrados» . López no duda en hablar de «enroque» y critica que se haya incluido a artes como el palangre, e incluso, legislado sobre profundidades que no competen a Bruselas. «A lo largo de las preguntas que les hacíamos fuimos detectando muchas lagunas en la aplicación de la reglamentación» , lamenta el representante de EBFA. El rol de España En lo que coinciden Garat (Cepesca) y López (EBFA) es en elogiar el papel de España y, sobre todo, del Instituto Español de Oceanografía (IEO) cuya presentación, en opinión de ambos, fue «excelente» y fruto de «una gran labor científico-técnica». El Gobierno español, a través de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha defendido en la reunión que se tenga en cuenta la situación de la flota pesquera y un equilibro entre las preocupaciones medioambientales y los aspectos socioeconómicos. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que mantendrán el pulso para que la Comisión Europea reformule su propuesta y han ahondado en argumentos similares a los esgrimidos desde el sector pesquero. Entre ellos, han coincidido en la ausencia de un análisis de las consecuencias socioeconómicas . En este sentido, han asegurado que España ha venido apoyando tradicionalmente medidas para proteger los ecosistemas en zonas donde faenan pesqueros españoles como en el Atlántico Norte. En este sentido, han mostrado su apreciado y reconocido el trabajo del ICES, pero advertido que contiene «algunas advertencias y limitaciones que no están siendo correctamente consideradas» en alusión a la escala del informe y a que algunas series históricas utilizadas sería «obsoletas», entre otras cuestiones. En cualquier caso, han recordado fuentes gubernamentales consultadas, que ya en el Comité Consultivo al que fue sometido la propuesta España e Irlanda ya votaron en contra y 9 países miembro más se abstuvieron. «Consecuencia de ello fue que el resultado de la votación fue un ‘no dictamen’, algo nada habitual y una clara señal de falta de consenso», han apuntado estas mismas fuentes.