España es uno de los países de la OCDE que menos respeta el derecho a la propiedad. El país se sitúa en el puesto 26 de 38 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), con una puntuación un 6,1% inferior al valor medio de la OCDE y un 5% por debajo de la media de la UE. Un resultado motivado por el entorno legal y político que rodea a la propiedad, tanto material como intelectual. Solo obtiene buenos resultados en el análisis de los registros de la propiedad, donde alcanza el séptimo mejor resultado a nivel mundial. Esta es una de las conclusiones de uno informe publicado este miércoles por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de la CEOE. La organización, que es la encargada de seguir y difundir el IIDP en España, ha alertado del «intervencionismo» del Gobierno en la propiedad privada, articulado a través de medidas como el anteproyecto de ley de vivienda o la prohibición de los desahucios. Especialmente crítico se muestra el informe con el borrador de la nueva norma. Sobre todo, por incluir controles a los alquileres, la discriminación entre pequeños y grandes propietarios y la obligatoriedad de que el 30% de las promociones se destinen a viviendas sociales. Respecto a la primera medida, el organismo asegura que no solo es ineficaz, sino que además es «contraproducente». El IEE considera que si se imponen controles a los precios del alquiler la oferta de viviendas caerá de forma artificial, lo que permitirá a los caseros ser más exigentes a la hora de seleccionar inquilinos . En suma, los más perjudicados por la medida serían las rentas bajas. Noticia Relacionada estandar Si El rechazo de Podemos frena la cesión de 30.000 viviendas de los fondos para alquileres asequibles Guillermo Ginés La formación morada se decanta por expropiaciones antes que por esta fórmula de colaboración «De este modo, una medida que pretende supuestamente ser una solución temporal al problema de acceso al alquiler, mientras se corrigen los verdaderos desequilibrios en el mercado, termina suponiendo, precisamente una intensificación de dicho desequilibrio entre oferta y demanda, y un agravamiento del problema. De ahí que no debe ser aceptable ni siquiera como solución transitoria», reza el documento, que recuerda además que cada vez que se ha implantado esta medida (en ciudades como San Francisco, Nueva York, Boston, Estocolmo, París o Berlín) ha fracasado. En Cataluña, de hecho, el control de alquileres implantado recientemente ya estaría tirando al alza los precios. Incentivos fiscales La solución a los altos precios del alquiler, para el informe, pasaría por proporcionar mayor seguridad jurídica a los propietarios y resolver así en parte el problema de la okupación ilegal. Además, desde el IEE reclaman que se reduzca la asimetría entre protección legal del inquilino y la del propietario para incentivar la oferta. Precisamente para aumentar el ‘stock’ de viviendas, desde el ‘think tank’ de CEOE también reclaman promover la vivienda social en alquiler, que en España está lejos de los parámetros europeos, y favorecer el desarrollo de suelo público, eliminando «rigideces y limitaciones de las normativas urbanísticas que condicionan el adecuado desarrollo de viviendas en alquiler asequibles». La institución también valora el establecimiento de incentivos fiscales para la construcción de vivienda en alquiler. Porque ahora mismo la fiscalidad sobre la propiedad es elevada, según la organización. Y esto «reduce el desarrollo efectivo del derecho de propiedad y afecta negativamente al uso eficiente de tales recursos, perjudicando la inversión y el ahorro». Si el índice Internacional de Derechos de Propiedad se calculase teniendo en cuenta el impacto de los impuestos sobre la propiedad, la puntuación promedio de la OCDE se reduciría en un 5,6%, pero este descenso sería más acusado, del 7%, en el caso de España, lo que pone de manifiesto que «tiene un régimen fiscal más lesivo para la propiedad en términos comparados», según el ‘think tank’.