Guatemala se encuentra enfrentada en una lucha por la libertad contra el movimiento globalista que apunta reducirnos, inclusive también a los Estados Unidos, a una de tantas dictaduras de fachada.
Tal vez esto, apreciado lector, les suene algo demasiado drástico, pero lo apremiante del momento apenas nos deja alternativas.
El desastroso régimen de Joe Biden en los Estados Unidos ha liderado efectivamente tal tendencia por los últimos dos años. Caso único hasta ahora en nuestro hemisferio.
Ya como un hombre clave en el gobierno de Barack Obama, Biden había impulsado a los socialistoides de entre nosotros en nuestro sistema de justicia más o menos efectivo. Y así también se mantuvo durante los cuatro años de la administración del Presidente Trump.
A propósito, ¿podemos continuar con el aforismo de que somos de veras independientes?
Aunque reconozco que el Presidente Giammattei ha hecho lo suyo por preservar la autonomía nacional de este país dada esa peligrosa tendencia del Presidente Biden a la demagogia más descarada y primitiva.
Por eso creo con mi amigo Steve Hecht que más valdría la pena que nuestros vecinos del Norte tomen una nota más seria de lo que por el Sur ocurre.
Pues ya estoy harto de tantas tomas sucesivas del poder por las izquierdas más o menos castristas que impulsó desde Cuba aquel más exitoso embustero de las Américas: Fidel Castro.
Giammattei incluso se ha enfrentado a un leviatán que pretende devorarlo y con él al resto de nosotros.
La Fiscal General, Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado ha asediado arbitrariamente por corrupta, tiene por su parte bajo proceso a algunos fiscales y jueces entre nosotros que el propio Biden había favorecido. Y así el equipo de Biden continúa con su apoyo, ahora incluido el refugio para algunos exfuncionarios guatemaltecos en los Estados Unidos fuera del alcance del sistema legal de Guatemala.
Hay que reconocerle a Giammattei que ha hecho público todo esto en entrevistas y discursos, incluso en el mismo Washington D. C.
Con el Departamento de Estado bajo un creciente escrutinio por parte de algunos republicanos en el Congreso, la globalista Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de colocar a Guatemala en su designación del Capítulo IV.B, supuestamente entre los principales violadores de los derechos humanos. Y un funcionario de la administración Biden ahora dice que esto añade adicionalmente razones al Departamento de Estado para imponer sanciones más duras contra Guatemala.
El informe de la CIDH, al repasar los acontecimientos de 2021, cita a su turno las declaraciones de ese Departamento de Estado.
El razonamiento circular globalista se me hace evidente. Porque al parecer la CIDH cree que el estatus IV.B de Cuba, Venezuela y Nicaragua da credibilidad para su ataque simplista a Guatemala.
Los comisionados saben muy bien que no tiene efectos significativos en esas tres dictaduras marxistoides a las que por su cuenta ignora la CIDH.
Guatemala, sin embargo, ha respondido a tales acusaciones con gallardía.
El 28 de junio, Giammattei osó decir al Consejo Permanente de la OEA que la CIDH había violado sus propias reglas.
El pretexto judicial era supuestamente que el Gobierno de Guatemala había atacado la independencia judicial de sus propios fiscales y jueces nacionales.
A lo que Giammattei respondió que él a su turno fue elegido democráticamente y por otra parte no dispone de poder alguno dentro del sistema judicial según el respetado principio muy republicano de la separación de poderes y a diferencia, sea dicho de paso, de ciertas pretensiones del actual Presidente de los Estados Unidos.
Y de tal manera, el informe de la CIDH condenó como de naturaleza corrupta la persecución contra jueces y fiscales guatemaltecos privilegiados por el Departamento de Estado norteamericano.
A lo que Giammattei respondió con toda razón que los acusados habían abusado del poder y violado el debido proceso de sus compatriotas aquí.
Conviene recordar que la CIDH carece de poder judicial alguno en ningún país y, sin embargo, viene denunciando casos aún en litigio sin haber sido fiel a sus propios procedimientos.
Giammattei añadió que las acusaciones de la CIDH socavan las instituciones de su país y que constituyen un “gravísimo error metodológico [que] evidencia encima un claro activismo ideológico carente de objetividad”.
Esta frase de Giammattei es un eufemismo heredado de la guerra informativa con mentiras, distorsiones y omisiones de la verdad que nos abruma hoy por casi todas partes, también sea dicho de paso respecto a Ucrania.
El objetivo siempre es derrotar a un adversario ideológicamente democrático para instalar en su lugar otra dictadura socialista.
La CIDH hasta ha llegado a afirmar que Guatemala “prioriza la protección de los derechos del no nacido desde el momento de su concepción en detrimento de los derechos de la mujer”.
Giammattei ha respondido que el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, Capítulo II, artículo 4.1 aclara: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y, en general, desde el momento de la concepción”.
El 29 de junio Giammattei reiteró en la Cumbre de Libertad Religiosa Internacional de 2022 que juró defender la Constitución de Guatemala. En ella se define que la vida comienza en la concepción.
Y así, al contradecir su propio documento fundamental, la CIDH ha revelado una ideología y una voluntad a mis ojos perversa y que responde a los lineamientos de una agenda política enteramente deleznable.
Aunque el protagonista clave para la comisión de la OEA y para el Departamento de Estado ha sido el exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval. Dicha oficina política le otorgó un premio de campeón anticorrupción bajo el pretexto de haber sido “imparcial e independiente” y que su despido incluía el retorno automático de Guatemala a la corrupción.
Cuando Consuelo Porras despidió a Sandoval, había mencionado el caso conocido como Asodefir, que Sandoval había obstruido durante dos años. Esto se había derivado de una remisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre el blanqueo de dinero de los fondos de USAID.
Diez meses más tarde, el sucesor de Sandoval obtuvo trece órdenes de detención en las que se alegaba que los acusados habían utilizado dinero estadounidense para comprar acciones de un banco.
El Departamento de Estado y la CIDH también han afirmado que las numerosas acusaciones contra Sandoval son falsas todas. Pues una procedía del Procurador General de la Nación por usurpar su autoridad y otra de un juez que hipotéticamente había promovido falsos testimonios para el juicio.
El Departamento de Estado y la CIDH incluyeron manifestaciones de apoyo a Sandoval después de haber sido despido, a pesar de que también otras dos organizaciones participantes habían recibido fondos de la agencia norteamericana USAID.
Es usual que los tiranos totalitarios suelan acusar a sus adversarios de ser lo que ellos mismos son y de incurrir en lo que ellos hacen.
Y así, tanto Guatemala como los Estados Unidos se han deslizado hacia un profundo choque entre libertad ciudadana y tiranía gubernamental.