Tras varias semanas de apagón informativo sobre cómo serán los nuevos impuestos a las energéticas y la banca , el Gobierno ha presentado por fin en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que regulará los gravámenes. Técnicamente no serán impuestos sino prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. El argumento que esgrime el Ejecutivo es que ambos sectores están teniendo elevados beneficios en un entorno como el actual y por ello deben contribuir más a financiar la lucha contra la crisis de inflación. Así, cada gremio sufrirá el gravamen de forma distinta. En el caso de las energéticas , se gravará el importe neto de su cifra de negocios, lo que equivale a sus ventas de bienes y prestaciones de servicios , al 1,2%. Se aplicará a partir de un umbral de 1.000 millones sobre ese aspecto, tomando como referencia la cifra de 2019. Otra causa de exclusión será que una empresa no tenga más del 50% de su negocio vinculado al sector energético. En el caso de la banca, el gravamen recaerá sobre los márgenes de su negocio financiero . Es decir, sobre los intereses y las comisiones. En concreto, el diferencial entre lo que percibe la entidad y lo que paga la misma. El tipo a aplicar sobre ello será del 4,8% y el umbral a partir del que se aplicará será en este supuesto de 800 millones de euros. Como puntos en común están que el gravamen se aplicará sobre grupos fiscales consolidados; que quedarán fuera de la imposición las operaciones intragrupo; que se excluyen las operaciones de filiales en el exterior. Asimismo, el gravamen no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades. En cuanto al abono de las figuras, con las que se espera recaudar 7.000 millones en dos años, se producirá en septiembre a año vencido. Es decir, se gravará por ejemplo el año 2022, la obligación de pago surgirá el 1 de enero de 2023 y el pago se realizará en septiembre de 2023. Con todo, se establece también un pago a cuenta (un adelanto) del 50% en el mes de febrero que luego se descontará de la cantidad a desembolsar en septiembre. Más allá de ello, la proposición de ley prohíbe que las empresas repercutan los gravámenes a los consumidores, como ha avisado estas semanas el Gobierno. ¿Cómo se hará eso? No lo aclara el Ejecutivo. La realidad es que se encomiendan a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España articulen la forma para vigilar este aspecto y sean las que impongan sanciones de hasta un 150% sobre la cantidad que se traslade al cliente. Noticia Relacionada estandar No «Las energéticas que aumentan sus beneficios son las gasistas y petroleras, no las eléctricas», afirma Galán Javier González Navarro Iberdrola ganó 2.075 millones de euros en el primer semestre, un 36% más que en el mismo periodo de 2021 Una vez presentada en el Congreso la proposición de ley, se iniciará tras el parón de agosto su tramitación parlamentaria. La intención es que se le dé prioridad absoluta en la Cámara Baja para tenerlo aprobado antes de finales de año ; y para eso se utiliza la figura de la proposición de ley, que es más ágil ya que no requiere de ciertos informes preceptivos que lo retrasarían todo.