La llamada ley del odio, aprobada por el régimen a través de su constituyente fraudulenta de 2017, es sólo aplicable a los opositores de verdad – verdad y a quienes les estorben a los más altos funcionarios públicos al quitarse del medio a un contratista que cayó en desgracia, o algo parecido. Además de absurda pieza legal, un disparate que muy bien lo apreciamos quienes tenemos conocimientos en materia penal y criminológica, es un ejemplo descarnado de nauseabundo cinismo. De Nicolás Maduro para abajo, los grandes cacaos de la usurpación pueden insultar e insultan al más pintado, agredir verbalmente incluso a familiares y amigos, volver leña la reputación moral de una persona a través de la radio y televisión abierta. No hay límites para ello. Y, si se denuncia aún con pruebas a un ladrón del tesoro público, éste puede moverse y aplicarle la ley del odio (y con todo el odio del mundo).