España no es una economía emergente que ofrezca jugosas rentabilidades a las inversiones. Formamos parte de ese grupo privilegiado de países avanzados, concentrados en Europa y Norteamérica, en los que la madurez de las economías y sus rentabilidades relativamente ajustadas se compensan con la seguridad jurídica como prácticamente único reclamo de la inversión. Una seguridad jurídica que se conforma como la resultante de un conjunto de vectores. De esta forma, la estabilidad económica y financiera, la salud de las instituciones políticas y jurídicas, en definitiva, la capacidad de un país de generar entornos predecibles en los que poder recuperar los legítimos retornos de las inversiones se convierten en el siglo XXI en herramientas competitivas de primer orden, más aún en un mundo globalizado en el que los capitales se mueven libremente y cada vez de forma más temerosa. Así las cosas, el anuncio realizado por el presidente del Gobierno sobre la creación de nuevos impuestos retroactivos a las empresas energéticas y a los bancos ha sido un torpedo a la línea de flotación de la competitividad de España y a sus posibilidades futuras de cumplir con nuestros objetivos de país. Y no lo es porque otros países no hayan tomado medidas en un contexto económico muy complicado como el que atravesamos. Lo es por el tipo de medida, por cómo se ha tomado y lo es por el sustrato pseudo ideológico que incorpora que, como los populismos más rancios del planeta, no busca realmente solucionar los problemas sino señalar con el dedo a un enemigo externo para desviar la atención de la responsabilidad propia. El nuevo anuncio contra los «malos oficiales de España»-léase las empresas- se suma a las muchas e improvisadas medidas que lleva tomando el Gobierno desde que hace aproximadamente un año, mucho antes de que Putin apareciera en escena, las cosas se empezaron a torcer y se empezó a comprobar que la recuperación post pandemia no iba a ser la arcadia feliz que el Ejecutivo presumía. Como ocurre siempre, los mercados como la bolsa suelen reaccionar castigando las acciones de las empresas implicadas y con ellas a las decenas de miles de trabajadores que directa o indirectamente viven de ellas y a los millones de accionistas españoles que tienen parte de sus ahorros en estas empresas y que, por lo visto, también fuman puros en oscuros reservados de restaurantes de Madrid para hacerle la puñeta al Gobierno. Este nuevo impuesto es una medida mala que no viene acompañada de memoria económica alguna que la justifique o del más mínimo sustento teórico que la avale. No solucionará ninguno de los problemas que hoy padecen los españoles y sin embargo vuelve a enviar un mensaje letal para el futuro: España no es país para empresas.