La Constitución Política de la República de Guatemala estableció la Contraloría General de Cuentas como una institución pública, técnica descentralizada, que por ley goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.
La Contraloría General de Cuentas tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública. De manera que no hay fuero ni entidad estatal o privada que reciba fondos públicos, que esté fuera del alcance y escrutinio de la Contraloría General de Cuentas.
Estando en juego la oportunidad de recuperar la confianza pública en las instituciones del Estado, es ocasión para que la Comisión de Postulación que seleccionará la nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas, de la cual el Congreso de la República elegirá al nuevo Contralor que deberá tomar posesión el 13 de octubre próximo, haga un trabajo oportuno, transparente, confiable, creíble, ejemplar, como debe ser; independiente de intereses políticos o económico sectoriales; alejada totalmente de las redes de corrupción.
La responsabilidad recae personal y directamente sobre el representante de los rectores de las universidades del país, quien preside la Comisión, los 11 decanos de las facultades de Ciencias Económicas que poseen la carrera de Contador Público y Auditor (CPA), y los 11 profesionales elegidos por los Colegios Profesionales que tienen en su seno CPA colegiados (el Colegio de CPA de Guatemala elige 9 y el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas elige 2).
Apoyémoslos para que la academia recupere el papel de reserva moral que le otorgaron los constituyentes, pero también estemos prestos a denunciar cualquier maniobra que obstaculice su importante y delicada labor. No hay excusa ni pretexto para que no consiga encontrar y seleccionar a seis personas idóneas, capaces, experimentadas y de reconocida honorabilidad, dentro de más de diez mil profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría.