El país enfrenta una crisis institucional de cobertura mínima de servicios de salud, haciendo imposible garantizar condiciones básicas para el desarrollo físico y mental de los ciudadanos. Así, el futuro de los guatemaltecos enfrenta viejos retos que parecen ser superados por los nuevos peligros que surgen año con año.
Según datos por Becerril y López sobre el Sistema de Salud de Guatemala (2008-2009), el sector público que comprende al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), atiende al 70 por ciento de la población, mientras el Instituto de Seguridad Social (IGSS) atiende a otro 17.45 por ciento y el sector de Sanidad Militar cubre a un 0.5 por ciento de la población compuesto por los miembros de las fuerzas armadas y la Policía (incluyendo a sus familias).
La data a la que me refiero, que si bien proviene de hace más de 10 años, aún rescata de forma más o menos fiable la realidad actual del Sistema de Salud guatemalteco. Podemos afirmar que la baja calidad en términos de infraestructura y condiciones para la atención de los ciudadanos está ligada a la baja inversión en salud respecto al PIB (2.2%) y la ineficaz carga administrativa–burocrática del Sistema.
Por otro lado, al entender la salud de los guatemaltecos como una de las prioridades del país, es importante considerar que, según datos de la Encuesta Nacional Materno Infantil (INE 2014-2015), el 46.5 por ciento de los niños sufre desnutrición en el país. Es decir que podemos afirmar que uno de cada dos niños en promedio presentará alguna deficiencia en su desarrollo físico y mental a causa de la desnutrición.
Estos números y datos señalados, se traducen en una realidad en donde la normalidad es encontrar enfermos atendidos en camas improvisadas, doctores con pagos retrasados, pocas enfermeras para pabellones sobrepoblados de usuarios, largas e ineficientes listas de espera para cirugías y atenciones mínimas de diagnóstico. Una distopía que se completa en salas de emergencias incapaces de darse a basto para la atención de quienes ingresan y que se agrava con el desabastecimiento de medicinas.
Los guatemaltecos merecemos condiciones dignas para la atención de nuestra salud. Así, urgen reformas administrativas que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos existentes, la promoción de alianzas inter institucionales que amplíen la cartera de servicios a los usuarios y políticas de transparencia en la compra de medicamentos. Además es importante aumentar la inversión pública en el sistema de salud, para poder al fin convertirnos en un país saludable.