El 11 de septiembre de 1987. El sector empresarial organizado convocaba, con renovada dirigencia, el primero de varios paros nacionales en contra del gobierno de Vinicio Cerezo. Ello, oponiéndose a una reforma tributaria. Varios aumentos tributarios, según este y otros gremios, eran tanto mal planteados como inoportunos. Un CACIF fortalecido por la repatriación de 200 millones de dólares y un 53 por ciento de aumento de las exportaciones no tradicionales se declaraba en abierta hostilidad al gobierno. Ahí se marcaría el banderazo de salida para un proceso de liberalización económica que favoreció la consolidación de un sector empresarial aupado por las privatizaciones. Lo que algunos llegaron a llamar una nueva “oligarquía económica” se afianzó como un sector más o menos independiente del gobierno que tenía la fortaleza de plantarle cara. Esta capacidad de condicionar, al menos en parte, la política del gobierno le dio un protagonismo a estos actores de maneras diversas. Desde el papel protagónico en la Instancia Nacional de Consenso pasando por frenar en seco varias reformas o sumarse, si bien tardíamente, a las protestas de 2015.
Steven Levitski, en el libro que le da su título a esta columna, hablaba del rol que podían jugar las elites como “guardianes” (en inglés, gatekeepers) de las instituciones democráticas. Ello, tanto en el sentido de las instituciones formales como las costumbres y prácticas que mantienen su esmalte. No obstante, estas élites parecen haber perdido el compromiso y la capacidad de cuidar el entorno institucional de degeneraciones de forma y fondo. “Las élites creyeron que la invitación al poder contendría al forastero, lo que llevaría a la restauración del control por parte de la política convencional. Pero sus planes fracasaron. Una mezcla letal de ambición, miedo y error de cálculo conspiró para llevarles al mismo fatídico error: entregar voluntariamente las llaves del poder a un autócrata en ciernes”. Ninguna concatenación de eventos podría ilustrar mejor está dinámica que la de la “coalición” anti-CICIG que se formó desde el año 2017. El accionar de la comisión puede tener aspectos criticables. De hecho, los hemos abordado antes en este espacio. Sin embargo, es innegable que buena parte de los sindicados, muchas veces políticos, eran de todo menos hermanitas de la caridad. Tres años después, CICIG era historia y parte de esa coalición había hecho metástasis en la candidatura presidencial de Alejandro Giammattei. Empero, el error de cálculo de la “derecha empresarial” estuvo en no prever las consecuencias imprevistas de parar en seco ciertas reformas. Sobre todo, las relacionadas a “el pecado original” del financiamiento electoral ilícito. Pareciera que les salió el tiro por la culata.
En los últimos años da la impresión de que el músculo político de este sector, incluso dentro del estado, parece haber perdido fuelle. En los últimos meses, estos sectores han empezado a sonar las alarmas, tarde y mal, sobre ciertos vacíos que podría tener la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Sin embargo, sus reclamos parecieran tener cada vez menos fuerza. Un ejemplo muy ilustrativo de esto lo podemos encontrar en el reciente arresto, cuanto menos cuestionable, del director de este medio de comunicación. En un principio, en un comunicado más o menos contundente, se condenaban los obvios atropellos que se dan en este proceso de detención. Empero, unos días después, la otrora poderosa oligarquía económica publicaba otro panfleto en el que prácticamente se tragaba muchas de sus palabras y adopta una postura condescendiente con las acusaciones del gobierno. Evidentemente, aquí hubo un error de cálculo y la renuncia de las élites al otrora compromiso con la democracia les ha costado no solo su poder sino que nos está costando a todos el país.