El oficialismo y sus aliados en el Congreso quieren violar la Constitución Política, tratados internacionales en derechos humanos y derechos ciudadanos como el de manifestar y expresar opinión en contra de funcionarios, diputados y políticos. Argumentan supuestas necesidades del Estado y de la sociedad guatemalteca para mantener “la paz y la armonía”.
El 22 de junio la Dirección Legislativa recibió la iniciativa 6099, que fue llamada Ley de Fortalecimiento para la Paz y que fue respaldada por parlamentarios de las bancadas FCN-Nación, UCN, UNE, Creo, Valor, Todos, PAN, Prosperidad Ciudadana, Vamos, y un disidente de Semilla. El objeto de esta iniciativa es promover la impunidad en casos de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno, particularmente a miembros del Ejército de Guatemala.
Para los ponentes, el conflicto armado interno no reviste carácter internacional y que por ello “todas las consecuencias jurídicas que dicho enfrentamiento armado interno produjo, deben ser juzgadas de conformidad con disposiciones legales de derecho interno”.
Estas bancadas malinterpretan el concepto de amnistía y a su favor usan el derecho internacional público que plantea la no existencia de la proscripción de esta figura y que en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 se establece que las autoridades en el poder procurarán concederla lo más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado que se encuentran privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados.
Entonces, el oficialismo de Alejandro Giammattei y sus aliados en el pacto mafioso argumentan que el conflicto armado fue interno y que no aplica ninguna norma internacional para el caso de las víctimas, pero sí para los victimarios, que bajo esta ley serán amnistiados con toda la impunidad respectiva.
Días más tardes los mismos aliados fraguaron y aprobaron la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, que si bien hace falta legislar, se aprovecharon para incluir un articulado que daría margen a interpretaciones y acciones legales en contra de personas que quieran divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios públicos y políticos, quienes pueden alegar ser afectados en su honor, dignidad, la de su familia y sus entornos sociales.
Estos mismos aliados buscan aprobar la iniciativa 6076 (Ley para el Fortalecimientos de las Fuerzas de Seguridad), que a todas luces es inconstitucional porque pretende ubicar en un rango que no le compete al Ejército y a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y que estas instituciones tengan esta herramienta legal para el uso represivo de su fuerza en contra de manifestaciones sociales, criminalizando así las demandas de la población guatemalteca.
Giammattei, sus diputados en el Congreso y sus aliados oscuros en el Congreso pretenden callar a la sociedad, reprimir sus manifestaciones y darles impunidad a quienes en el pasado también reprimieron al pueblo de Guatemala.