El fundamento económico del liberalismo clásico consiste en que, en cualquier sociedad, las personas usarán su fuerza, su tiempo, su trabajo y su creatividad para hacer producir los recursos a su alcance de la manera más eficiente. Venderán luego en el mercado los bienes y servicios producidos, generando riqueza en consecuencia. La división del trabajo permitiría que cada quien use sus ventajas comparativas para dedicarse a lo que pueda hacer más eficientemente. Así las cosas, quien tenga acceso a una finca se dedicará a hacerla productiva de la mejor forma y quien no tenga acceso a tierra o no consiga préstamos en el banco para empezar su negocio, se dedicará a vender su capacidad productiva nata, es decir su fuerza de trabajo. Venderá su energía física, sus conocimientos y su tiempo (es decir, su vida) por dinero. Nada malo en ello. Todos nos ganamos la vida de cierta forma.
De allí la lógica de la política de crear más empleos para que, a través de los salarios de quienes compiten en el mercado laboral, vendan al mejor postor su mano de obra. Si no cuentan con educación o conocimientos especializados, pueden trabajar en la maquila pegando botones o en el campo cortando caña. Su energía y su tiempo serán retribuidos según lo que la empresa estime como contribución marginal a la producción de camisas o libras de café cortado. Mano de obra no calificada, que se llama. Eso sí, cuando hay abundante mano de obra, el salario que ofrecerán las empresas tenderá a ser más bajo, pues mientras haya alguien dispuesto a trabajar por menos salario pegando botones o cortando café, la empresa, en su búsqueda de eficiencia y reducción de costos, le contratará. Es la dinámica de la oferta y la demanda. En un escenario en donde hay más mano de obra que trabajos remunerados, el empleador tendrá más poder de coerción en el establecimiento del salario que quien busca el trabajo, reduciendo la capacidad de negociar un mejor salario al individuo. El salario mínimo buscaría que esto no suceda. Pero desincentiva a empresas a invertir porque las personas están dispuestas a recibir un salario que alcance para lo mínimo necesario para no morir de hambre. La idea del laissez faire es limitar esas distorsiones, como el salario mínimo, y dejar que el mercado se regule a través de los precios de mercado (en este caso, laboral).
El efecto derrame consecuente se puede explicar con un ejemplo: El crecimiento económico respondería a las fuerzas del mercado: Por ejemplo al abrir las fronteras al comercio global y los consumidores compran ropa, las empresas que producen ropa en consecuencia, buscarían la forma y el lugar en donde más barato les resulte producirla. (El Homo economicus buscando maximizar su función de utilidad). Un país como Guatemala donde abunda la mano de obra no calificada permitiría a estas empresas contratar a personas al salario más bajo posible. Un salario de subsistencia. La persona que vende su mano de obra tiene la opción de trabajar para la maquiladora o la finca al salario que le ofrecen, o trabajar cuidando carros en la calle, o padecer desnutrición buscando cómo subsistir en autarquía, o morir de hambre. Así las cosas, la política económica del país para erradicar la pobreza se enfocaría en atraer a más empresas intensivas en mano de obra no calificada, quienes contratarán a las personas que se incorporan al mercado laboral. El salario que reciben estas personas sería parte del llamado “efecto del derrame” que eventualmente permitiría, ceteris paribus, mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza. “La mejor política social es un empleo”, decía R. Reagan. El efecto derrame también sucedería cuando esas personas que trabajan en la maquila salen a mediodía a comer un pan con pollo en el puesto de la calle, y a fin de mes compran en paca la ropa y en el mercado cantonal la comida. Si se enferman comprarán su medicina en la farmacia y usarían médicos y hospitales privados. Pagarían el colegio privado y usarían transporte privado para ir a trabajar. En una economía de laissez faire químicamente pura, no existiría un IGSS sino un seguro privado y fondos de retiro privados. Ambulancias privadas, seguridad privada, bibliotecas privadas, electricidad privada, agua potable privada, etc. El crecimiento económico detonaría una serie de micronegocios que una persona que no consiguió empleo formal, procurará establecer. En Guatemala es lo que vemos. Como no hay suficientes empresas formales, la informalidad, así como la migración, sustituyen esa incapacidad de la economía formal de absorber a esas 200 mil personas que se estima se incorporan cada año a la PEA en el país. Recordemos que un trabajo en la informalidad significa no contar con bono 14, con IGSS, no contar con certeza de contratos fijos, no contar con garantía de salario mínimo, horarios y días de descanso según la ley, vacaciones, etc. El salario promedio informal ronda los Q1,688 al mes.
La lógica es que a más empresas, más empleo, y a más empleo, más derrame y la pobreza se erradicaría.
Sin embargo, en Guatemala ocurre algo distinto. El crecimiento económico en Guatemala ha sido positivo, es decir que, en promedio, cada año, el país ha generado más riqueza. En promedio el PIB del país aumenta en 3.5 por ciento anualmente, pero la pobreza y la desnutrición no han disminuido. Los índices de desarrollo humano en ciertos grupos poblacionales se han estancado y en otros se ha reducido. Del 2004 al 2010, el crecimiento promedio del PIB real fue de 4.15 por ciento, pero el empleo creció en solo 0.9 por ciento (Galán, 2017). El derrame no se da como la teoría presume.
Una visión estructuralista provee otra visión del diagnóstico del problema y por consiguiente otro tipo de soluciones para erradicar la pobreza.
#NoNosCallarán: Van 18 días de la captura injusta de J. R. Zamora.