Según el último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, ningún país de América Latina mostró mejoría en los niveles de corrupción durante el último año. Es más, durante los últimos 10 años, solamente Guyana y Paraguay produjeron avances significativos, mientras que países como Chile, Canadá y EE.UU. retrocedieron en materia anticorrupción. Centroamérica, por ejemplo, registró en 2021 sus peores resultados en materia de corrupción y democracia de la última década. A pesar de los estudios científicos, la lucha contra la corrupción parece siempre ser el estandarte de todos los políticos en campaña y durante sus gestiones al mando de instituciones públicas. Desde EE.UU. hasta la Patagonia, prácticamente todos los expresidentes de nuestras naciones se enfrentan a la justicia por casos de corrupción. Estos casos de alto perfil acaparan la atención pública y los ciclos noticiosos. Paralelo al espectáculo, sin embargo, más de un tercio de los latinoamericanos admitieron haber pagado sobornos para disfrutar de servicios públicos en el último año y solo 9% de ellos reportó la extorsión por parte de funcionarios a las autoridades competentes. La realidad cotidiana existe en contraste con los discursos políticos. Aquellos cuyas pasiones ya han sido adormecidas por las hipocresías de los demagogos deben preguntarse: ¿existe justicia o la selectiva persecución de los enemigos del poder?; ¿la corrupción es un cáncer que padece el sistema democrático o acaso es el sistema que hospeda al parásito democrático?; y, finalmente, ¿los latinoamericanos estamos abocados a la resolución del conflicto social o una paz estable sin importar el costo humano?