Subidas de impuestos a distintos colectivos para sufragar la factura del escudo social, apelaciones a una mayor utilización del transporte público para esquivar la factura del alza del precio de la gasolina, llamamientos explícitos a no disparar las demandas salariales , negativa a bajar el IRPF para compensar a las rentas medias y bajas por el demoledor impacto de la inflación sobre su poder de compra y, ahora, restricciones al consumo de energía para tratar de alimentar las reservas de gas ante el previsible corte del suministro de gas ruso el próximo otoño e invierno. En los últimos meses, y al compás de las distintas situaciones que se han ido presentando por el camino, desde la pandemia hasta la escalada histórica de los precios de la energía, el Gobierno ha apelado a la práctica totalidad de los ámbitos de la sociedad española para renunciar a una porción de su bienestar en aras del interés general. El activismo gubernamental ha terminado generando de forma casi espontánea un argumentario común entre buena parte de los colectivos apelados por estos llamamientos y que vendría a sostener que está bien solicitar sacrificios en momentos de crisis, pero que estos deberían ser asumidos también por el Gobierno . El asunto ha sido convertido ya en arma política por parte del Partido Popular , que lleva meses exigiendo al presidente Sánchez que reduzca el número de ministerios y de paso el coste del Gobierno para las arcas públicas. MÁS INFORMACIÓN El PP presiona a Sánchez en el Congreso para reducir el número de ministerios y el gasto en altos cargos Lo que revelan los datos, bien al contrario, es que el Gobierno no sólo no ha reducido su tamaño o su coste para el contribuyente desde que arrancara la secuencia de crisis encadenadas que se inició con la pandemia, continuó con la crisis energética y tiene hasta la fecha su último jalón en el conflicto en Ucrania que amenaza con sumir a las principales economías en una recesión cada vez más probable, sino que lo ha incrementado. Los últimos datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda revelan que el tamaño del Gobierno se ha incrementado de forma significativa desde la pandemia hasta ahora. En este periodo se han incorporado al Ejecutivo de Pedro Sánchez 14 nuevos altos cargos, que han ensanchado la plantilla de la cúpula ejecutiva del Gobierno hasta las 746 personas, una cifra sin precedentes en la historia reciente de España. El ensanchamiento de las costuras del ala directiva del Gobierno ha habilitado el aterrizaje de 73 nuevos asesores de confianza y ha elevado por encima de los 800 la cifra del personal de confianza al servicio del Gobierno y a sueldo de las arcas públicas. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1200 Código APP Por buscar un término de comparación, en el cénit de la era Zapatero, a principios de 2008, el número de asesores de confianza con los que contaba el Gobierno era 578 y a finales de 2017, en la recta final del Gobierno de Mariano Rajoy, había 595. Hablamos de 200 asesores menos que Sánchez. En el último Gobierno de Rajoy el número de altos cargos era de 671. La factura para el presupuesto público El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido ganando en tamaño según se acumulaban las crisis y, además, partiendo de la base de que se trataba ya del Gobierno más nutrido en cuanto a ministerios, secretarios de estado, direcciones generales, etcétera, de la historia reciente de España. En la pandemia reforzó la estructura del Ministerio de Sanidad y con la llegada del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia se apuntaló la estructura del área de gestión de fondos europeos del Ministerio de Hacienda, con una nueva Secretaría General y un par de direcciones generales. Los fondos europeos también exigieron una readaptación de la estructura de La Moncloa que ha derivado en más altos cargos y más personal de confianza. Los movimientos han tenido su impacto presupuestario. El Gobierno ha tenido que adaptar hasta en dos ocasiones los créditos presupuestarios iniciales destinados al pago de altos cargos y personal eventual, dentro de la cuenta de gastos de personal de la Administración del Estado, para cubrir los gastos extra ocasionados por los nuevos nombramientos realizados en los últimos meses. En 2020 el Ministerio de Hacienda tuvo que habilitar cerca de 20 millones de euros extra a las partidas destinadas a pagar las nóminas de altos cargos y personal eventual porque resultaba imposible pagar el sueldo a todos los nuevos miembros del Gobierno de coalición de 22 ministerios acordado por el PSOE y Unidas Podemos con los recursos de los presupuestos prorrogados. Al año siguiente, los primeros presupuestos diseñados de forma directa por la coalición del Gobierno incrementaron de partida la dotación presupuestaria en más de 30 millones de euros y aún así el Ejecutivo tuvo que inocular dos millones de euros extra para dar cobertura al crecimiento del gasto en asesores por encima de lo previsto en las cuentas del ejercicio. En los dos años que van desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia, hasta el pasado mes de marzo de 2022 el coste de la estructura política del Gobierno, entendida como la nómina de altos cargos de libre designación y el personal de confianza que le presta asesoramiento, no sólo no se ha reducido -como exigía el PP- sino que se ha incrementado más de un 14%. Si se echa la vista un poco más atrás para trazar una comparativa entre el gasto por este concepto en que incurría el Gobierno de Mariano Rajoy y el que está generando el gabinete de Pedro Sánchez la diferencia es aún más ostensible (ver gráfico). En 2017, último ejercicio presupuestario completo con Gobierno del Partido Popular, el gasto conjunto por las nóminas de altos cargos y personal eventual ascendió a 108 millones de euros; los Presupuestos Generales del Estado para 2022 han previsto una partida de 149 millones para este concepto, casi un 40% más . Hasta la fecha el Gobierno siempre ha rechazado la posibilidad de recortar el número de ministerios.