Era previsible, pero no por ello deja de ser sumamente indignante, haber observado la inusual diligencia del Sistema de Justicia en las audiencias públicas en contra del destacado periodista Jose Rubén Zamora. Ha sido conducido y tratado cual reo peligroso. A pesar de una sólida argumentación y debida defensa jurídica fue ligado a un complejo proceso penal, que por su naturaleza jurídica será de un tiempo largo, tortuoso y sinuoso. Este proceso, al que le han señalado serios vicios, está sustentado en investigaciones y en acusaciones del Ministerio Público (MP), derivadas de un denunciante cuyas motivaciones y credibilidad han sido cuestionadas por la defensa jurídica de Jose Rubén Zamora.
El MP, actor en primera fila de una parte de esta trama, que es de interés nacional e internacional, publica un comunicado de prensa en el cual se afirma con aires de empoderamiento y de gran triunfo que “ se resolvió el día de hoy (9 de agosto) en audiencia, con base en los medios de investigación que de manera contundente sustentan el caso, su vinculación al proceso penal mediante auto de procesamiento por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias”.
El comunicado de prensa, que me pareció improcedente debido a que el caso se ventila públicamente, concluye con un extenso párrafo que me permitiré transcribir, en el que se expresan conceptos contradictorios y/o confusos. Se envía un mensaje que considero velado o bien da indicios para interpretarse como advertencia a quienes ejercen el derecho a la libre emisión del pensamiento.
Dice así: “ Ante la evidente realidad de las acciones emprendidas por el Ministerio Público es necesario manifestar que las mismas no van encaminadas a coartar, limitar, impedir o menoscabar ninguna labor periodística, sino, por el contrario, son acciones encaminadas a esclarecer los posibles hechos ilícitos denunciados, por lo que se exhorta a todos los sectores nacionales e internacionales a que construyamos un verdadero Estado de derecho a través de opiniones que generen el respeto a nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente al principio de legalidad, toda vez que solo mediante el respeto a las leyes y el sometimiento a las mismas se construyen sociedades armónicas y democráticas”.
El actual MP, que es un eslabón crítico del cooptado Sistema de Justicia del país cuya función se está desarrollando bajo un régimen que no deja dudas de haberse convertido en una dictadura, nos exhorta con cierto grado de cinismo a quienes emitimos opiniones a respetar el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad. ¿Qué mensaje se nos envía? El MP pareciera que alza la espada de Damocles a la libre emisión del pensamiento, que es un derecho constitucional.
El caso del periodista Jose Rubén Zamora y de la auxiliar fiscal Samari Gómez, contrario a lo que afirma el MP de que sus acciones no van encaminadas a coartar, limitar, impedir o menoscabar ninguna labor periodística, pareciera que es todo lo contrario.
¿Cuál es nuestro desafío en estas circunstancias para quienes emiten opiniones contrarias a este régimen en todos y cada uno de los medios de comunicación social incluyendo por supuesto los medios digitales?
Ante esta amenaza existencial a la libre emisión del pensamiento que nos afecta a toda(o)s por igual, es imperativo dejar a un lado en esta coyuntura nuestras diferencias políticas, ideológicas, prejuicios y descalificaciones de distinta naturaleza, así como sumarse a ello sin aspiraciones de protagonismo para hacer un esfuerzo, con humildad intelectual, a favor de una causa común. Podemos y debemos sobreponer los objetivos superiores de país a nuestros intereses personales. Esto en sí mismo es todo un desafío.
Guatemala está siendo conducida por un régimen dictatorial, profundamente corrupto e impopular que aspira sin escrúpulos a perpetuarse en el poder político, mantener la impunidad a como dé lugar, acallando a los medios de comunicación social independientes, lo harán también por la vía de la imposición y la manipulación electoral y en este proceso predeterminado eliminar a cuanto opositor político tenga posibilidad de obtener el favor mayoritario de la ciudadanía.
Es importante recordar que el 8 de agosto de 1983, hace 39 años, se produjo un relevo militar en la conducción de un proceso de apertura democrática que propició la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue representativa de las distintas fuerzas políticas de ese momento. El debate político de los constituyentes condujo a la elaboración consensuada de la Constitución de la República que define actualmente la institucionalidad política de país.
Hoy vivimos momentos igualmente históricos.