El nuevo impuesto a la banca que planea poner en marcha el Gobierno levantó una gran polvareda en el sector el mes pasado. Ahora está ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación y el Ejecutivo quiere tener un gesto con el Banco Central Europeo (BCE) como entidad supervisora. Todo para tratar de ablandar un posible dictamen desfavorable de la institución sobre el gravamen. La proposición de ley para crear este impuesto -que también incluye el gravamen a las energéticas- se registró en los últimos días de julio, pero aún no ha llegado al pleno del Congreso ya que antes debe pasar por la junta de portavoces. La intención del Gobierno es tratar de acelerar al máximo posible el proceso de tramitación para tenerlo aprobado antes de que acabe el año porque quieren que se aplique ya sobre las cuentas de 2022. En ese proceso de tramitación es donde puede aparecer el BCE. El supervisor tiene potestad para emitir una opinión sobre el impuesto a la banca en casos de riesgo para la estabilidad financiera sin que nadie le pregunte. Pero también puede dar su postura en caso de ser consultado por el Gobierno de España . Un acto, este último, que sería interpretado en Fráncfort como un gesto en la tramitación/elaboración del impuesto. Noticia Relacionada estandar No Hacienda gravará las ventas de las energéticas al 1,2% y los intereses y comisiones de la banca al 4,8% Daniel Caballero El Gobierno se encomienda a la CNMC y el Banco de España para sancionar a las empresas que repercutan el coste a los usuarios La intención del Ministerio de Hacienda es consultar al BCE próximamente para que emita un dictamen sobre el gravamen , según fuentes conocedoras. Y, al mismo tiempo, las fuentes consultadas apuntan a que el plan del Gobierno es tratar de hacer ver al supervisor que hay voluntad de colaborar para así ablandar su opinión. En el recuerdo está que la institución presidida por Christine Lagarde ya emitió un dictamen en 2019 muy duro por un impuesto similar en Lituania. Entonces, el Gobierno de ese país no pidió la opinión y fue el BCE el que la dio a conocer ‘motu proprio’. En el documento se alertaba del riesgo que suponía para el sector para la cantidad de crédito y sus condiciones. Un texto de oposición radical al tributo. Y eso es lo que en parte trata de evitar el Ejecutivo español. La realidad es que el supervisor todavía no ha recibido ningún contacto del Gobierno al respecto. Y, en todo caso, cabe destacar que la opinión del BCE no es vinculante para el Gobierno, pero sí sirve para sentar posturas. De ahí que Hacienda también quiera tener esa deferencia con el supervisor. Fuentes de Fráncfort declinaron hacer comentarios. Fuentes financieras señalan que en el BCE cuesta comprender el modo de tramitar el gravamen español, vía proposición de ley. Además, no se articula mediante una figura tributaria, sino como prestación patrimonial pública no tributaria . Asimismo, el momento en el que el Gobierno pediría la opinión al BCE es todavía una incógnita. Sí que está en sus planes, pero todavía habrá que esperar varias semanas ya que aún ni siquiera está en el calendario de plenos. Lo esperado es que llegue al pleno en la primera quincena de septiembre. Relacionado con todo ello, en el sector bancario confían en que el supervisor muestre un tono más duro contra la medida, que gravaría los intereses y las comisiones a un tipo del 4,8%. La CNMC, a la espera Por otro lado, la proposición de ley estipula que tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas no podrán ser repercutidos al cliente. Se carga sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -y el Banco de España en menor medida para el caso financiero- el control y sanción para las empresas que lo hagan. Sin embargo, el Gobierno no ha dicho a la institución cómo debe vigilar eso. Fuentes de la CNMC, en este sentido, destacan que todavía están esperando que se clarifique la situación en el trámite parlamentario.