Hacienda ha puesto en revisión los dos nuevos impuestos que ha creado hasta la fecha en esta legislatura, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como ‘tasa Google’, y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, popularizado con el nombre de ‘tasa Tobin’, ante la sospecha de que podrían estar sufriendo una cierta pérdida de ingresos por una aplicación demasiado laxa por parte de determinados contribuyentes, según se admite en un documento de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso ABC. La Agencia ha detectado lagunas de recaudación tras analizar las primeras liquidaciones realizadas por los contribuyentes de ambos impuestos y ha abierto una investigación para determinar si estas responden a la normalidad o, por el contrario, revelan problemas en la aplicación del impuesto o en su adecuado cumplimiento. En el caso del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, Hacienda admite que le ha llamado «extraordinariamente la atención» la preponderancia de operaciones exentas de pagar el impuesto en las declaraciones realizadas por los contribuyentes, particularmente «en determinadas personas contribuyentes no residentes». Es decir, que se estarían dando más adquisiciones de acciones de empresas españolas libres del impuesto –lo que se suponía que iba a ser la excepción–, que compras sometidas a gravamen –la que debería ser la norma–. La ley del impuesto deja exentas las operaciones de colocación inicial de acciones entre inversores en el mercado primario, las realizadas entre empresas de un mismo grupo mercantil, las adquisiciones asociadas a procesos de reestructuración empresarial, a las que la normativa fiscal española garantiza a modo de incentivo la neutralidad fiscal; o las adquisiciones obligatorias de acciones por parte de intermediarios financieros para cumplir con sus funciones legales. Esta ‘sorpresa’ negativa podría explicar en parte la distancia sideral entre las previsiones de recaudación formuladas en su día por el Gobierno, que preveía una recaudación de 850 millones de euros para 2021, y los ingresos reales obtenidos por la misma, que se quedaron en menos de 300 millones. El tema preocupa en la Agencia Tributaria, que transmitió su intención de revisar este asunto a una treintena de grandes empresas –la mayoría de ellas afectadas por la operativa de este impuesto que grava la compraventa de títulos de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros– en una de las últimas reuniones del Foro de Grandes Empresas. Este cónclave reúne con carácter semestral a la cúpula directiva de la Agencia Tributaria con los responsables fiscales de muchas de las principales empresas del país. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 2960 Código APP El acta de la reunión del Foro de noviembre de 2021, en la que se debatió este asunto, revela que la preocupación respecto a la operativa de este impuesto no es exclusiva de la Agencia Tributaria sino también de las grandes empresas. Estas expresaron en bloque a la Agencia su preocupación respecto a que la puesta en marcha del impuesto pueda retraer la inversión en las empresas españolas y también respecto a otros asuntos técnicos, como la dificultad para saber cómo actuar en algunos casos, como las eventuales entregas de acciones a empleados a modo de salario o plus de productividad, un esquema muy utilizado por las sociedades. El problema de las bases de datos En la conocida como ‘tasa Google’, la laguna de recaudación se ha detectado en la imposición de las operaciones de transmisión de bases de datos entre empresas, cuya incidencia ha sido marginal en las primeras liquidaciones del impuesto. Según los datos de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso ABC, de la recaudación obtenida en 2021 el 80% del total correspondía a los ingresos por el negocio de la publicidad en línea obtenidos por los gigantes digitales, entre el 18 y el 19% a las actividades de intermediación realizadas por estos y apenas un 1 o 2% a la transmisión con ánimo de lucro de la información obtenida de los usuarios. El documento de la Agencia Tributaria reconoce que «las operaciones de transmisión de datos presentan una escasísima incidencia tanto en la declaración como en la recaudación, hecho que se está analizando e investigando por la Agencia Tributaria». Hacienda aspiraba a obtener un relevante rendimiento fiscal de esa operativa con datos de las empresas, convertida en uno de los tres pilares del impuesto digital español, junto a la imposición por los ingresos obtenidos por la contratación de espacios de publicidad en línea para el mercado español y por la intermediación entre usuarios. Así se reconocía en la norma del impuesto, que justificaba la necesidad de implantar un impuesto propio «que permita a España ejercer de forma inmediata en su territorio derechos de imposición que legítimamente le corresponden, por ser de donde proceden los datos y las contribuciones de los usuarios que generan valor a la empresa» y que reconociera «el papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor para las empresas más digitalizadas mediante el suministro de datos». No ha sido así y tampoco ha ayudado la complejidad del diseño del impuesto. Según Rufino de la Rosa , socio del Área Fiscal de EY y uno de los mayores expertos en el impuesto, las empresas están preocupadas «por la complejidad adicional que se ha introducido en el impuesto al pasar a ser recaudado también por las Haciendas Forales», lo que puede introducir modificaciones en las formas de localizar a los usuarios, en registrarse en el mismo o en establecer nuevos mecanismos de pago respecto a la normativa estatal. «En definitiva, mucho más coste y complejidad en un impuesto que parece que va a tener una vida muy reducida», advierte. Avances limitados en los ingresos El resultado ya se conoce. La Hacienda española apenas ingresó el año pasado 166 millones de euros de los 968 que aspiraba a conseguir con este nuevo impuesto. Desde Hacienda se ha venido explicando esta menor recaudación por la entrada tardía en vigor de estos impuestos, que en el caso de la ‘tasa Tobin’ solo generó ingresos en la segunda parte del año y en el del impuesto digital solo se devengó en noviembre , y también por los cambios introducidos en la tramitación parlamentaria que habrían reducido su potencial recaudador. Ahora rastrea los rincones del impuesto por si se le pudieran estar escapando ingresos que deberían alimentar las arcas públicas. Ex altos cargos del Ministerio de Hacienda explican a ABC que este proceso de revisión es habitual cuando entran en vigor nuevos impuestos y que es probable que dé como resultado algún cambio legal que permita mejorar su operativa. Si es así, no será inminente. El proceso de revisión continúa abierto y Hacienda no dispone de ninguna conclusión de la investigación, según informan fuentes al tanto de este proceso. Según los datos oficiales, en lo que va de año la ‘tasa Tobin’ ha recaudado 47 millones más que el año pasado a estas alturas y la ‘tasa Google’ ha ingresado 139 millones, lo que augura que darán más ingresos.