La recesión económica (contracción económica) que se advierte en el corto plazo, derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19), de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como del abuso de la emisión inorgánica, que se tradujo en una espiral inflacionaria incontenible, prácticamente tiene de rodillas a la población, que difícilmente sobrevive en un ambiente caracterizado por el cierre de empresas, la pérdida de empleos, la reducción del consumo y la inversión, la emigración masiva de connacionales, la deserción educativa y la desnutrición infantil.
Los presupuestos familiares se han reducido al máximo y los guatemaltecos están haciendo verdaderos esfuerzos para llevar a casa el pan de cada día. Lo anterior, sin perjuicio de la grave inseguridad por la que atraviesa la gente, que le hace temer a los extorsionistas, ladrones, asesinos, secuestradores y delincuentes en general, así como al aumento generalizado de precios.
Sin embargo, en el sector público ocurre todo lo contrario. Los politiqueros y sus financistas se siguen llenando los bolsillos a lo grande, sin que nada ni nadie los detenga ni escarmiente. La danza de los millones es escandalosa y no hay politiquero que no hinque el diente, a ciencia y paciencia de la Contraloría de Cuentas. Unos en la pena y otros en la pepena, dice el refrán.
De esa cuenta, la corrupción sigue corroyendo las instituciones en todos los ámbitos del sector público. Esto está redundando en una profunda desinstitucionalización, es decir, en una devastadora erosión del Estado de derecho, lo que favorece y alimenta el vacío de autoridad, el desorden, la anarquía, la inseguridad, la injusticia y el caos, extremo que es capitalizado por los enemigos de la democracia, los antisistema.
En todo caso, los politiqueros echan mano de los dineros que obtienen de la creciente deuda pública y de los impuestos. Ningún dinero les satisface; nada es suficiente. Siempre quieren más y más. Los intermediarios en la inversión y el gasto social, con absoluta opacidad y cinismo, se quedan con la mayor parte de los recursos destinados a los servicios públicos y a la compensación social. En las adquisiciones y contrataciones del Estado se agencian buena parte de los recursos destinados a suministro y avituallamiento de las instituciones que prestan servicios públicos esenciales (justicia, seguridad, salud, alimentación, educación e infraestructura física).
Sobre la calidad del gasto público y la transparencia, ni mencionarlas. Solo hay boca para pedir más, pero no hay oídos para escuchar y atender el clamor popular por el mejoramiento de los servicios de seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura física, etcétera, ni por el desmantelamiento del sistema paralelo de gasto público (fideicomisos, fondos sociales, comisiones presidenciales, oenegés, Consejos de Desarrollo, listado geográfico de obras, secretarías de la Presidencia). Tampoco hay voluntad para fines de transparentar las finanzas públicas, ni para lograr la eficacia fiscal, la supervisión y el control del gasto público, y la rendición de cuentas. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, dice el refrán.