En 1994 la escritora japonesa Yōko Ogawa publicó su novela La policía de la memoria, en la que describe la vida de una novelista que reside en una isla no nombrada y que es gobernada por un evidente sistema autoritario en la que paulatina y constantemente diversos objetos van desapareciendo de la memoria de sus habitantes. El olvido es descrito como automático y fisiológico, a tal punto que, aunque los residentes volvieran en un momento a ver el objeto desaparecido, no podrían ni siquiera reconocerlo. Y aunque las desapariciones son aceptadas sin rechazo colectivo, para asegurar el cumplimiento de ese tipo de alzhéimer impuesto, existe, además, una fuerza policial encargada de no solo desaparecer los objetos sino también a los pocos residentes cuyos cuerpos y mentes se rehúsan a olvidar.
En su afán de control, ese sistema autoritario desaparece todo, inclusive a sus habitantes, quedándose el lector con la voz de la protagonista expresando un último adiós. Hoy, al hablar de Guatemala es imposible no pensar en esa isla y en esa distopía autoritaria. Poco a poco el autoritarismo, que solo decidió esconderse tras cortinas más gruesas el 29 de diciembre de 1996, se fue quitando los revestimientos para revelar su terrorífico ser, solo que la política del olvido impuesta hizo que las mayorías no se percataran de su presencia. Ese olvido selectivo dejó a criminales de guerra libres, no solo para vivir su vida sin nula responsabilidad respecto a sus actos, como “élites respetables”, sino también para insertarse en las estructuras políticas como congresistas, presidentes, vicepresidentes, asesores, funcionarios, entre otros.
Son estos seres quienes hoy, junto a sus operadores, buscan por todos los medios a su alcance hacer desaparecer los pocos elementos que de la democracia le quedan al país. Un día desaparecen a líderes sociales, otro a jueces y otro a fiscales incómodos al sistema, esto sin que las mayorías resistan o cuestionen, quedando solo un pequeño grupo que se rehúsa a olvidar y que es prontamente criminalizado, perseguido y desaparecido por diversos medios legales e ilegales.
Hoy, la policía de la memoria acecha a los medios de comunicación críticos, al mismo tiempo que busca acabar con las voces de todo aquel y aquella que sea crítico al sistema de privilegios que mantiene a nuestra pequeña “isla” en niveles de pobreza extrema, con sistemas de trabajo feudales, con empresas extractivas que minan el poco territorio que queda y con criminales al frente del poder.
Por eso, hoy más que nunca, es imperativo rehusarse a aceptar esa amnesia impuesta, a luchar porque las voces críticas sean amplificadas, a recordarles a esos grupúsculos criminales que usan las múltiples violencias para acallar voces, que nuestra memoria no es tan fácil de desaparecer.