El 4 de octubre de 2012 las fuerzas de seguridad de Guatemala bajo el mando del ministro de la Defensa, general Ulises Anzueto y el ministro de Gobernación, el coronel Mauricio López Bonilla dieron la orden para se disparara en contra de cientos de residentes de Totonicapán, quienes manifestaban en un área de la Carretera Interamericana conocida como la Cumbre de Alaska, dejando siete muertos y más de 30 heridos. El antropólogo Ricardo Falla, quien ha escrito extensamente sobre la violencia de Estado y las masacres en comunidades mayas durante la guerra en Guatemala, denominó a este evento como la primera masacre del ejército tras la firma de la paz.
Luego de la masacre, los voceros de ambos ministerios declararon públicamente que las fuerzas de seguridad no iban armadas, asignando la culpa de los hechos a los manifestantes. Si no hubiese sido por documentación alternativa, que mostraba a las fuerzas de seguridad con armas y disparando en contra de la población, esa versión se hubiese mantenido como la oficial.
Señalo esto porque recientemente diputados oficialistas a través de la Comisión de Gobernación del Congreso han intentado aprobar la iniciativa 6076, conocida como la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército, la cual entre diversos puntos permite que fuerzas policiales y militares utilicen la fuerza y las armas en “el cumplimiento de sus funciones”, ya que según el presidente de la comisión, el diputado Boris España, “muchos ciudadanos le faltan el respeto a las fuerzas de seguridad.” Sobre esta ley surgen dos interrogantes en un país aún fracturado por la posguerra. La primera, definir según los Acuerdos de Paz ¿cuáles son las funciones de la policía y del ejército? Y segundo, dado que la policía y el ejército han continuado haciendo uso de la fuerza y de sus armas, es necesario preguntarse ¿a qué extremos de violencia se llegará si se aprueba esta ley?
El Acuerdo Sobre El Fortalecimiento del Poder Civil Y Función del Ejército En Una Sociedad Democrática, firmado el 19 de septiembre de 1996 en la Ciudad de México, determina claramente las labores de la policía y el ejército, las cuales deben respetarse.
Como se sabe, uno de los grandes fracasos de país fue la manera en que los Acuerdos de Paz se han implementado. Es esa falta de compromiso con un país distinto el que hoy permite el retorno de leyes autoritarias que solo incrementarán la violencia a la que la población pobre, marginalizada, racializada, excluida y la que alza la voz está sujeta.