Queda poco tiempo para las elecciones del próximo año (25/6/2023) y en el ambiente no se observa interés por parte de los guatemaltecos, quizás por el escaso debate político debido a la ley que prohíbe las campañas adelantadas, que atañe directamente a los partidos políticos y a sus potenciales candidatos —presidenciales, diputados y alcaldes—, pero no a la ciudadanía ni a la academia.
La actual ley es adversada por algunas organizaciones civiles, sectoriales y personas particulares, que intentan modificar algunas normas para transparentar el proceso electoral y hacerlo más ecuánime, como “multas y sanciones a partidos políticos y figuras políticas, financiamiento de agrupaciones políticas, propaganda política igualitaria en medios de comunicación, campaña anticipada, fortalecimiento de los controles hacia los partidos políticos, DPI y empadronamiento y listas abiertas para la elección de diputados al Congreso de la República, que probablemente quedarán relegadas para las elecciones del 2027” (República, 9/8/2022). Por su parte el CACIF propuso realizar reformas a la “Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para transparentar el proceso de elecciones, aumentar la participación ciudadana, garantizar el acceso a información y facilitar el financiamiento lícito” (elPeriódico, 2022).
Es necesario que al debate electoral se integre la academia, concretamente las facultades de ciencias políticas, centros de investigación, focus group, centros de estudios, asociaciones de prensa y otros sectores cuya independencia política partidista está demostrada y por esa razón no les alcanza la prohibición del artículo 223, literal l: “Hacer propaganda electoral por interpósita persona, fundaciones, asociaciones o cualquier otra figura legal” También que “toda publicación efectuada en los medios de comunicación social, deberá señalarse el nombre del responsable, en el caso de las personas jurídicas, la propaganda debe ser respaldada con la firma del representante legal”.
El debate público es el centro de gravedad de la política, aportando información, análisis y conclusiones útiles para una mejor decisión de los electores al descubrir por sí solos aquellas propuestas fantasiosas e inalcanzables.
Una elección bien documentada y racionalmente asumida por los votantes reduce la ingobernabilidad y fortalece la participación ciudadana. Ya no hay tiempo para la indolencia, pero sí para cuatro años de lamentos.