La junta directiva y los jefes de bloque del Congreso de la República acordaron retirar de agenda de ayer la iniciativa 6076 sobre la “ley de fortalecimiento a las fuerzas de seguridad pública”, pero el proyecto continúa vigente y en cualquier momento podrá ser discutido nuevamente en el pleno.
El diputado Marvin Alvarado leyó un oficio, que posteriormente entregó a las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, en el que se comprometían a no volver a incluir en la agenda la iniciativa que facultaba a las fuerzas de seguridad a utilizar la fuerza contra manifestantes.
La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán rechazó ese documento, ya que consideraron que en el mismo no se establece que la iniciativa sería archivada.
Geovani Rosales, presidente de los 48 Cantones, pidió al Congreso un documento que garantice que esa iniciativa sería engavetada.
“El pueblo dejó de creer en la palabra porque también recibimos un documento por escrito, ustedes vieron el documento que recibimos de la presidenta –Shirley Rivera– que apostaba su buena voluntad y ustedes nos dicen lo mismo; nosotros necesitamos un respaldo que haga valer su palabra”, dijo Rosales.
“La semana pasada generó mucha discusión y debate en el pleno, por lo que se consideró que lo mejor era no incluirla en la agenda y que se quede ahí, ya no avanzar, atendiendo a la petición de los 48 Cantones. Ya no se tiene previsto enviarla a la Corte de Constitucionalidad”, dijo Carlos López, primer vicepresidente del Congreso.
El diputado Orlando Blanco del Grupo Parlamentario de Oposición indicó que la iniciativa sigue viva, ya que solo existen tres caminos para que la misma quede sin vigencia. Las opciones son que la Comisión de Gobernación —por iniciativa propia— emita un dictamen desfavorable, que el pleno obligue a la Comisión a cambiar el dictamen o que en tercera lectura se rechace el proyecto de ley.
Conocerán oposiciones
En sesión de jefes de bloque se acordó conocer hoy las observaciones y objeciones en contra de la Ley de Ciberdelincuencia, la cual, a criterio de los diputados opositores y abogados expertos en la materia, sería inconstitucional. Se tiene previsto que las objeciones sean discutidas en el pleno después de conocer el dictamen a cinco proyectos de ley.