El 23 de marzo de 1982 se perpetró un golpe de Estado, de corte esencialmente militar, que derrocó al gobierno constitucional del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) y derogó la Constitución decretada el 15 de septiembre de 1965, que había entrado en vigor el 5 de mayo de 1966.
El régimen de Lucas García fue el último de los gobiernos militaristas que se sucedieron en el ejercicio del poder político desde el 1 de julio de 1970, caracterizados por la represión brutal, la lucha contrainsurgente, la impunidad y la corrupción. Lo precedieron los gobiernos de los generales Carlos Manuel Arana Osorio (1970-4) y Kjell Eugenio Laugerud García (1974-8).
Casualmente, el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 tiene lugar después de la consumación de un cuarto fraude electoral al hilo, esta vez en favor del general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez (candidato presidencial oficialista), a quien, por consiguiente, se le impidió tomar posesión como presidente de la República. En su lugar, se instaló una Junta Militar de Gobierno integrada por los militares José Efraín Ríos Montt, Francisco Luis Gordillo Martínez y Horacio Maldonado Schaad.
El golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 tiene lugar en el marco de una serie de protestas populares generalizadas contra el fraude electoral perpetrado por el oficialismo. En su proclama, los militares golpistas justificaron el derrocamiento del régimen de Lucas García expresando que el mismo se debía al fraude electoral y a la corrupción en el sector público, entre otros. En junio de 1982, Ríos Montt disolvió la referida Junta y se autoproclamó presidente.
El régimen de facto presidido por Ríos Montt derogó la Constitución de 1965 y emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno, que estuvo vigente hasta que cobró vigencia la actual Constitución (1985-6). Se continuó la lucha contra la guerrilla, se implementó el programa contrainsurgente Frijoles y Fusiles, se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil, se instituyeron los tribunales de fuero especial, se encausó judicialmente a algunos exfuncionarios luquistas, se creó el Consejo de Estado, presidido por Jorge Serrano Elías, quien el 14 de enero de 1991 asumió como presidente electo, y se integró e instaló el Tribunal Supremo Electoral (30 de junio de 1983), presidido por Arturo Herbruger Asturias, en una ceremonia que tuvo lugar en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.
El 8 de agosto de 1983, hace 39 años, Ríos Montt (menos de 15 meses después de haber asumido como jefe de Estado) fue relevado en la jefatura de Estado por el ministro de la Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, quien suprimió los tribunales de fuero especial, decretó una amnistía general, promovió la apertura política, convocó e instaló a la Asamblea Constituyente que decretó la actual Constitución, así como entregó el cargo de presidente a Vinicio Cerezo Arévalo, después de que este ganó las elecciones presidenciales celebradas el 8 de diciembre de 1985.
El periodo de transición transcurrido entre el 23 de marzo de 1982 y el 14 de enero de 1986 se conoce como la “apertura política”, que desembocó en lo que se denominó el proceso de democratización, que, después de 36 años y medio, no se ha traducido en una democracia funcional, basada en principios de separación de poderes, gobierno eficaz, probidad administrativa, respeto de los derechos humanos y economía de mercado. Por el contrario, pareciera que el país ha retrocedido a la época de los corruptos regímenes militaristas (1970-82).