Latinoamérica fue sacudida fuertemente por sucesivas crisis económicas en los últimos 30 años del siglo pasado: la crisis del petróleo de los 70 y el episodio inflacionario internacional que trajo consigo; el drástico aumento de las tasas internacionales de interés y la crisis de la deuda y las masivas fugas de capitales en la región; la década perdida en los 80, que retrocedió los niveles de vida de la región a los estándares de finales de los 60; el efecto tequila y el posterior contagio a los mercados financieros de la región. Sin excepción, todos los países latinoamericanos se vieron forzados a adoptar costosas medidas para hacer frente a las mismas. La mayor diferencia entre estos programas de ajuste fue qué tanto se trasladaron los costos del ajuste a la población, especialmente a la más necesitada. Los enfoques más ortodoxos buscaron una salida más rápida a los problemas macroeconómicos sin darles mayor importancia a los costos sociales; los más heterodoxos trataron de minimizar los costos sociales alargando la duración de la crisis.
Invariablemente, todos estos programas partían de la premisa de que era imposible evitar que parte del ajuste recayera sobre la población. Un elemento mínimo de racionalidad económica que, por lo que se ha visto recientemente alrededor del mundo, y nuestro país no escapa a ello, pasó a un segundo plano. Existe ahora un total abandono, sobre todo en países desarrollados, de la noción de que es imposible compensar a la población de todos los daños asociados a una crisis económica. La regla actual parece ser la contraria: repartir dineros públicos a la mayor cantidad de personas, por el periodo más largo posible y de la forma más directa que se pueda. Si algo quedó claro de la experiencia latinoamericana del siglo pasado es que la forma de afrontar estas crisis no se reduce a garantizar “compensadores sociales” sin límite o dejar en el olvido a los grupos sociales más vulnerables. En general, lo que la experiencia enseña es que la gente no pide subsidios o apoyos estatales permanentes, sino oportunidades para valerse por sí misma: mejor educación, acceso a servicios básicos de salud de calidad, seguridad y justicia pronta y efectiva, oportunidades de trabajo, mejores condiciones para hacer negocios. Regalar dinero público no solo no resuelve las crisis, sino tampoco hace realmente feliz a la gente.