El rechazo mayoritario de la población de Asunción Mita a la operación de una mina de oro y plata debido a los peligros que implica para la salud ilustra con fuerza la importancia del papel de las comunidades como actores políticos y económicos en Guatemala. Las múltiples comunidades que agrupan familias que adoptan la decisión estratégica de enviar sus hijos a trabajar a Estados Unidos y que luego celebran colectivamente la llegada de los hijos a su destino es otro ejemplo de la pertinencia económica y social de las comunidades. El rechazo a los desalojos de la tierra que han trabajado durante décadas campesinos en Alta Verapaz es una manifestación adicional de la lucha prolongada de comunidades por defender su derecho al trabajo, y muchas veces a la libertad e incluso a la vida.
Estos ejemplos puntuales ilustran la importancia de las comunidades en Guatemala, y justifica ampliar el paradigma de concebir la sociedad y la economía solamente en términos de la interacción entre el Estado y los mercados. El debate sobre esta relación ha sido intenso. Así como la ideología marxista-leninista tuvo un auge que elevó al Estado a su máxima expresión, el posterior auge del paradigma neoliberal de Hayek y Von Mises también estuvo acompañado por la elevación del mercado a una condición casi mítica, equivalente a una inalcanzable utopía que conducía a resolver todos los problemas y a garantizar la libertad. Con el ocaso de este paradigma se ha comenzado, finalmente, a avanzar hacia una visión más equilibrada de la relación entre Estado y mercado, con énfasis en el papel complementario de ambos.
Sin embargo, solamente de manera lenta se está reconociendo lo que Raghuram Rajan llama en un libro reciente el “tercer pilar”: la comunidad. Definidos como grupos que comparten una ubicación geográfica, una historia o cultura y un gobierno local, las comunidades tienen una larga historia de resistencia para defenderse ante excesos tanto del Estado nacional como de mercados dominados por aquellos que concentran la propiedad de la tierra y del capital, a menudo en alianza con los que controlan al Estado nacional.
El desafío actual es equilibrar la relación entre comunidad, mercado y Estado. Eso no se hace con la tradicional descentralización basada en consejos de desarrollo, auténticos hervideros de corrupción. Se hace respetando la expresión democrática y abierta de comunidades como Asunción Mita. Se hace con un Estado nacional que apoya a la escuela, probablemente la institución comunitaria más importante. Implica también favorecer a entidades financieras comunitarias y actuar para reducir desigualdades territoriales. Corresponde regular mercados dominados por unos pocos para evitar que dañen a las comunidades, pero también justifica favorecer el desarrollo de mercados locales de bienes y servicios para que generen inversiones, empleo e ingresos en las comunidades. Requiere balance y no imposiciones.
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