La subida de los impuestos al diésel para equiparar su carga tributaria a la de la gasolina, que fue una de las primeras medidas de política fiscal que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez aun en el año 2018, no se incluirá en el proyecto de Presupuestos para 2023 , según ha anunciado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , y quedará por tanto fuera de la acción fiscal del Ejecutivo al menos en esta legislatura. El argumento enarbolado por la principal responsable de la política fiscal del Gobierno es que el contexto económico no es el adecuado y no parece apropiado encarecer la fiscalidad de ese combustible cuando el Ejecutivo está bonificando con 20 céntimos el coste de todos los carburantes para aliviar el impacto de la subida de la energía a las familias. El anuncio de Montero aplaza ‘sine die’ la que ha sido una de las principales banderas de la revolución fiscal verde a la que aspiraba el Gobierno. De hecho fue la primera que se puso sobre la mesa ya en 2018, dentro del proyecto de Presupuestos de 2019 que nunca llegó a desarrollarse por el rechazo de la mayoría del Congreso, como mascarón de proa de la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la fiscalidad medioambiental. Entonces, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero puso sobre la mesa una subida de los impuestos al diésel de 3,8 céntimos por litro para cerrar la brecha fiscal de 11 céntimos por litro que lo separaba de la gasolina. El diésel pasaría a pagar así un impuesto de hidrocarburos de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 céntimos que continúan siendo su carga fiscal a día de hoy. Para el propietario de un vehículo con un depósito medio de 50 litros, el incremento hubiera supuesto pagar 2,3 euros más cada vez que pase por la gasolinera , IVA incluido. Al mes, un usuario medio que recorra 15.000 kilómetros al año tendrá que pagar 3,45 euros más, y al año, 41,4. Este incremento, según las estimaciones de Hacienda, supondría recaudar 500 millones adicionales en dos años . El Gobierno volvió a la carga en el proyecto de Presupuestos de 2021, pero terminó renunciando a la medida ante el rechazo de sus socios del PNV y de otras formaciones como Ciudadanos. La medida, no obstante, volvió a aparecer en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, en el que dentro del capítulo de ‘Reformas que contribuyan a la transicion ecológica’ del Componente 28, que aglutina las medidas de adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, se citaba expresamente la equiparación del tratamiento fiscal del gasóleo y de la gasolina en el Impuesto sobre Hidrocarburos. El compromiso político, respaldado tanto por la ministra de Hacienda como por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, no tuvo sin embargo reflejo real en el contrato operativo que traslada los compromisos concretos del Gobierno de España con la Comisión Europea para recibir los fondos europeos, por lo que no constituye uno de los hitos que España debe cumplir para recibir los fondos. La equiparación del trato fiscal del diésel y la gasolina es una exigencia de la Comisión Europea a España desde hace años. La ministra de Hacienda ha descartado este viernes además que el Gobierno vaya a crear nuevos impuestos dentro de los Presupuestos de 2023, pese a la presión de Podemos para aprobar nuevos gravámenes sobre los vehículos de alta gama, los yates o el transporte aéreo, y ha revelado que la intención del Ejecutivo va más en línea de «sacar más rendimiento» a las figuras que ya existen dentro del sistema fiscal.